LM se unirá a las movilizaciones por el sector agrario y pide el apoyo de la sociedad

CUENCA, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario regional de ASAJA de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, anunció hoy que se unirán a las movilizaciones de ámbito nacional en defensa del sector agrario, y que tendrán lugar a finales de mayo o principios de junio. El secretario regional de ASAJA resaltó que buscan el respaldo de la sociedad con unas movilizaciones que serán "contundentes".

Según Fresneda, "nosotros fuimos los primeros en presentar un plan de rescate para el sector", pero está habiendo medidas de apoyo para otros sectores y no para el agrario. El secretario regional de ASAJA señaló que quieren evitar cualquier lectura política de estas movilizaciones, porque precisamente lo que van a demandar es unidad de los grupos políticos para que respalden a los agricultores.

En rueda de prensa, Fresneda recalcó los abusos que existen en la cadena de comercialización de muchos productos, y que han llevado a la Comisión Regional de la Competencia. "En el caso de la leche, la Comisión tiene ya abierto un expediente informativo y esperamos que pronto se abra el del girasol, que fue el primer producto que presentamos a la Comisión".

En este sentido, Fresneda consideró que no pueden ser ni productores ni consumidores los que paguen el precio más alto de la crisis, y por ello pedirán el respaldo social para las movilizaciones.

Zonas desfavorecidas

Por otro lado, ASAJA desconvocó las actuaciones que tenía previstas para pedir a la Unión Europea que no modificase la red de zonas desfavorecidas. La Unión Europea ha ratificado hoy que la renovación de Zonas desfavorecidas no se aplicará hasta 2014, con la nueva PAC 2013-2020.

Según recordó Fresneda, 121 pueblos de Castilla -La Mancha se verían afectados por esta medida, y se daría la paradoja de que pueblos similares serían tratados con distinto rasero. Admitió que prácticamente toda la región disfruta de indemnizaciones compensatorias, y que si se hubiera aprobado la medida, los pueblos afectados habrían dejado de percibir más de tres millones de euros anuales.