El Gobierno ahogará financieramente a las comunidades para evitar su intervención

Que cada palo aguante su vela... y así sostendremos entre todos la mayor. Es la lectura de fondo que se extrae de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que acaba de entrar en vigor y que obliga a todas las administraciones a gastar sólo lo que ingresan, o incluso menos.

Porque el objetivo de esta normativa es que tanto el Gobierno central, como los autonómicos y locales, alcancen el equilibrio presupuestario o, en su defecto, el superávit. Pero, bajo ningún concepto se seguirá permitiendo que haya déficit.

Para conseguirlo, la nueva normativa incluye un detallado calendario de supervisión de las cuentas, hasta el punto de que las regiones deberán informar mensualmente sobre sus ingresos y gastos, mientras que los ayuntamientos deberán hacerlo trimestralmente.

Suma y sigue, porque antes del 1 de abril de cada ejercicio Hacienda propondrá los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública a cada comunidad, y revisará el grado de cumplimiento del presupuesto del año anterior.

Para el 1 de agosto de cada año, las comunidades deberán haber remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera el techo de gasto aprobado por ellas y, antes del 1 de octubre, sus presupuestos para el siguiente ejercicio, que serán refrendados o corregidos en un plazo de 15 días.

Por si este grado de supervisión no fuera suficiente, el Gobierno cuenta con todo un sistema de castigos para obligar a las regiones y a los ayuntamientos a cumplir, con la amenaza última de ser intervenidos.

Pero el Ministerio de Hacienda confía en que este escenario no llegará nunca a producirse, ya que las chinas que ha puesto en el zapato a los gobiernos regionales les llevará a desechar ellos mismos tal opción.

El mismo secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró ayer que "ninguna administración va a caer". Y eso será porque sus respectivas autoridades no estarán dispuestas a pagar un precio tan alto.

El primero será el de su imagen, ya que para evitar que alguna comunidad caiga en la tentación de echar la culpa al Gobierno, acusándole de haberle puesto unos objetivos inalcanzables, la nueva normativa recoge que todas las comunidades debatan y aprueben lo que se entiende adecuado para las cuentas de cada región en los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

De este modo, no será el Ejecutivo central el malo de la película, sino todos los gobiernos autonómicos los que habrán dado el visto bueno a las medidas que se exijan para cada región.

Si, a pesar de ello, alguna persiste en incumplir sus objetivos, el Ejecutivo pondrá en marcha todo un plan diseñado para ahogarla financieramiente y, así, forzarla a pedir voluntariamente la ayuda del Estado Central, en vez de que sea éste el que entre en su región como un elefante en una cacharrería (o como ha hecho Europa en Grecia, Irlanda y Portugal).

Estas medidas de ahogo financiero consistirán, fundamentalmente, en prohibirles endeudarse más (sólo se permitirán las pequeñas operaciones de tesorería), y en cortarles el grifo de las subvenciones y los convenios.

Sólo con estos castigos, los Ejecutivos regionales tendrán serias dificultades para hacer frente a sus pagos e, incluso, para obtener nuevas vías de financiación, porque, por ejemplo, ¿qué banco va a querer prestar dinero a una Administración a la que no le fía ni su propio Estado?

Pero, por si esto no fuera suficiente, el Gobierno guarda otras dos cartas en su manga si persisten los incumplimientos: obligar a las regiones a depositar el equivalente al 0,2% de su riqueza (PIB) en el Banco de España y la posibilidad de tomar acciones sobre los tributos cedidos por el Estado, lo que terminaría ahogando a la comunidad en cuestión.

¿Cómo podrán justificar los ejecutivos regionales rebeldes ante sus propios electorados la dificultad, si no imposibilidad, de hacer frente a sus pagos? ¿Echando la culpa al Gobierno central? Resultará complicado, cuando los planes habrán sido aprobados con el visto bueno del resto de comunidades.

¿Se atreverá algún gobierno autonómico a poner en juego el pago de las nóminas de sus empleados públicos ante el progresivo ajuste de tuercas al que le irá sometiendo el Estado si no cumple lo pactado? Cuesta creerlo.

Pero todavía queda más. Y es que Hacienda publicará periódicamente todas las cuentas y las evolución de los ingresos y gastos de cada región, lo que pondrá en evidencia la gestión de cada ejecutivo autonómico.