Apenas faltan dos semanas para que Iberdrola celebre una Junta General de Accionistas que promete ser polémica, porque ACS, primer accionista de la eléctrica con un 12% del capital, está dispuesto a mover todos los hilos a su alcance para conseguir entrar en el consejo. Sin embargo, cada vez parece más claro que la empresa presidida por Florentino Pérez estará sola ante el peligro.
Sobre todo, después de que los otros dos accionistas de referencia de la eléctrica, BBK y Bancaja, hayan manifestado públicamente su apoyo a los blindajes, es decir, a las medidas defensivas que tiene la eléctrica y que limitan el derecho de voto de ACS al 10% del capital de Iberdrola.
El presidente de BBK, Mario Fernández, ha sido contundente al afirmar que los blindajes garantizan el "anclaje" de compañías como Iberdrola y Petronor en Euskadi y, por tanto, "si alguien quiere tomar el control, la ley dice cómo se hace: haciendo una OPA por el cien por cien; esas son las reglas del mercado y tendríamos que respetarlas. Por otro procedimiento, no".
Todo un aviso a los navegantes del barco de ACS, que necesitarían la escalofriante cifra de 29.000 millones de euros para lanzar una oferta de este tipo (la capitalización actual de Iberdrola asciende a 33.000 millones, pero un 12% ya pertenece al grupo constructor). Y eso sin contar ningún tipo de prima.
José Luis Olivas, presidente de Bancaja, ha sido menos directo que su homólogo vasco a la hora de demostrar su apoyo a Galán, pero ha sido lo suficientemente claro a la hora de demostrar su respaldo a las limitaciones de voto.
A través de sus portavoces, el financiero se muestra en contra de que se apruebe la enmienda"sin que previamente se haya hecho una reflexión de las consecuencias que esta decisión podría acarrear a miles de empresas familiares y a varias de las más importantes multinacionales españolas". Entre otras, Iberdrola, donde la entidad que preside posee el 5,73% del capital.
Junta Polémica
El próximo 26 de marzo, Iberdrola celebrará la reunión anual con todos sus accionistas y se enfrentará a la petición de ACS de entrar en el Consejo de Administración con un representante que defiende sus intereses.
La eléctrica siempre se ha opuesto, argullendo que se trata de una compañía rival: en el pasado, porque controlaba Unión Fenosa; y ahora, porque rivalizan en algunos contratos de ingeniería y energías renovables.
Sin embargo, tras haberse desprendido de Fenosa, ACS está dispuesta a defender sus intereses incluso en los tribunales, donde baraja impugnar la Junta si vuelve a quedar fuera del consejo, por considerar que ya no puede tachársele de competidor.
El principal referente que existe en España para este tipo de situaciones es FCC. La constructora controlada por Esther Koplowitz se enfrentó por dos ocasiones a la entrada de accionistas hostiles en su capital que, además, solicitaron tres consejeros en representación del 15% de la constructora que compraron.
El primero en solicitarlo fue Acciona, pero FCC consiguió bloquearle, tras una ganar una larga batalla en los tribunales, donde su argumento de defensa fue que se trataba de un grupo competidor directo.
Tras este fracaso, la empresa de la familia entrecanales vendió a Colonial el 15% de FCC y, esta vez sí, tuvo que abrir las puertas de su máximo órgano de administración. Y eso que la inmobiliaria, entonces controlada por Luis Portillo rivalizaba en algunas actividades con la constructora, que por aquel entonces obtenía el 10% del beneficio bruto operativo de su filial inmobiliaria. Un porcentaje importante, pero insuficiente para considerarlo competidor directo.
Entonces, se llegó a un acuerdo por el cual los representantes de Colonial se abstuvieron de acudir a las reuniones donde pudieran tratarse temas que afectaran al negocio inmobiliario.
Un precedente que ACS está dispuesto a utilizar para incorporarse al máximo órgano de administración de Iberdrola y, así, poder consolidar su participación. Un movimiento que, de golpe, le permitiría anotarse cerca de 330 millones de euros de beneficio.
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