La Comunidad de Madrid ha alertado sobre 57 productos inseguros en 2009, y pide al Gobierno reforzar la vigilancia

Los productos alertados suponen el 20 por ciento del total de las alertas realizadas por las comunidades de toda España

MADRID, 07 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid ha alertado durante el primer trimestre de este año sobre 57 productos que incumplían la normativa sobre seguridad y que, por consiguiente, han sido retirados del mercado inmediatamente, según informó hoy el responsable regional en esta materia, Antonio Beteta.

Estos productos suponen el 20 por ciento del total de las alertas realizadas por las comunidades de toda España y comprende desde un sonajero con pequeños elementos que suponen un riesgo de asfixia hasta una peluca que, por inflamable, es peligrosa, pasando por una peonza con dispositivos láser que pueden provocar lesiones oculares.

Beteta reclamó al Ministerio de Economía que refuerce la vigilancia de fronteras para evitar la entrada de estos productos que en su mayoría están fuera de la normativa establecida por la Unión Europea. De hecho, el origen de los productos es asiático en la mitad de los casos.

Según explicó el consejero, la localización de los productos inseguros tiene su origen en las inspecciones que efectúa la Administración y en las comunicaciones que realizan los productores y distribuidores que "están obligados por ley a notificar a Consumo los fallos que detectan en sus artículos y posteriormente subsanarlos". En menores ocasiones, las alertas también se generan a partir de las denuncias de los propios consumidores.

Entre las alertas notificadas por la Dirección General de Consumo, el 35 por ciento provienen de los artículos de puericultura y juguetes, seguidos del material eléctrico y los pequeños electrodomésticos (24,5 por ciento), las lámparas y otros artículos de iluminación (12 por ciento), las relacionadas con el calzado (10,5 por ciento), bicicletas y accesorios (5,2 por ciento) y herramientas (3,5 por ciento).

Beteta señaló que el resto de notificaciones se refiere a diversos productos como encendedores, productos químicos, material escolar y artículos decorativos, entre otros. Así, entre los objetos retirados del mercado estos primeros tres meses destaca una plancha de asar, luminarias portátiles o planchas a secas, que tenían el riesgo de choques eléctricos.

También hay un mata-insectos con forma de pingüino que puede producir choque eléctrico y su riesgo se incrementa si se tiene en cuenta que la forma que tiene el artículo es muy atractiva para los más pequeños. También hay un unicornio de peluche con ventosa que ha sido retirado por riesgo de asfixia, o una cadenita de sujeta-chupetes, por posible atrapamiento de dedos.

FALTA DE INFORMACIÓN

Las alertas que se realizan llegan en algunas casos por la falta de la información obligatoria que deben presentar los productos en función de las normas vigentes y cuya ausencia puede implicar un riesgo para la seguridad del usuario. Las más frecuentes son la inexistencia de información en español o la falta de datos que identifiquen claramente al responsable del producto en la Unión Europea.

Otras de las más comunes es también la falta de mercado CE, que indica la conformidad del producto con las normas de seguridad europeas, y la ausencia de las leyendas que advierten de los riesgos de un uso inadecuado de cada artículo. La otra clase de motivos que llevan a la retirada de un producto se refiere a deficiencias en el diseño del artículo que pueden implicar accidentes.

Por ejemplo, los artículos eléctricos mal aislados, que pueden causar cortocircuitos, electrodomésticos con partes que se calientan más de lo permitido o que tienen partes activas accesibles a los usuarios. También hay juguetes con partes excesivamente pequeñas o cuerdas demasiado largas, o artículos con aristas cortantes o productos químicos tóxicos.

Cada una de las notificaciones realizadas por las distintas comunidades autónomas requiere la ejecución de actuaciones de inspección o retirada por parte de la Administración autonómica en la que se encuentren los responsables de los productos (fabricantes, importadores, distribuidores). Estas actuaciones a nivel nacional han sido 429, de las cuales 39 han sido llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid, lo que representa el 9,3 por ciento del total realizado.

Por otra parte, España se ve implicada en las alertas notificadas por otros países de la Unión Europea, por tratarse de productos que han sido comercializados aquí. A nivel nacional se han realizado 40 actuaciones de inspección o retirada motivadas por estas notificaciones europeas, de las cuales la Comunidad de Madrid ha realizado el 50 por ciento del total de todas las comunidades autónomas.

Los productos que se han retirado en la Comunidad de Madrid suelen proceder de tiendas multiprecio, de distribuidoras con sede social en la región, pero también de grandes superficies, donde son los empresarios o los distribuidores los que dan la alerta y los retiran del mercado, indicó la directora general de Consumo del Ejecutivo autonómico, Carmen Martínez.

Martínez indicó que desde que se detecta una anomalía en un producto hasta que se retira se intenta no superar el plazo de 15 días, que es el que establece la norma nacional para dar los resultados del laboratorio. No obstante, la Comunidad depende de los laboratorios y de cuándo responde el Instituto a las alertas para saber dónde esta el distribuidor, una tarea, a veces, complicada.

Preguntada por cuántos de estos productos han provocado daños en los consumidores antes de ser sacados del mercado, Martínez reconoció que "no hay constancia" de que los artículos hayan llegado a provocar dichas molestias, como quemaduras o lesiones oculares. "Tenemos muy poca constancia de incidentes", concluyó.

MÁS COLABORACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL

Por otro lado, el consejero de Economía explicó que ya ha mandado diversas cartas al Ministerio de Economía y Hacienda pidiendo a sus responsables que refuercen la vigilancia de fronteras para evitar la entrada de este tipo de productos, y recordando que todos estos asuntos deben ser tratados en un nivel europeo en relación con las instituciones comunitarias.

En su opinión, en aduanas el control se debe centrar en la seguridad de acuerdo con la normativa específica que entró en vigor en 200 a través del Decreto 230/2008. En el caso del calzado, por ejemplo, dice que hay que verificar la composición y determinar si tiene sustancias prohibidas o si el etiquetado es completo.

Además, considera que el Instituto Nacional de Consumo debe asumir "de una vez por todas" la coordinación que le compete para desarrollar la seguridad y la salud de los consumidores y señaló que le han reclamado que establezca los grados de peligrosidad en los productos que se incluyen en el sistema de intercambio rápido de la red de información y de alerta.

"Actualmente las alertas son muy numerosas y el riesgo que figura en las notificaciones suele ser calificado como muy grave, un tema de falta de datos en el etiquetado en castellano puede llegar a ser tratado de la misma manera que un tema de posibles lesiones o quemaduras, y lógicamente, debería tener tratamientos diferenciados", indicó.

Asimismo, reiteró al Gobierno central la necesidad de que se celebre "ya" la Conferencia Sectorial de Consumo para tratar con el Estado y las comunidades autónomas estos temas. Dicha conferencia lleva más de un año sin reunirse, y según Beteta, la normativa establece que se debe celebrar dos veces al año, por lo menos.