Anticorrupción mantiene la petición de cuatro años y medio de cárcel para Alierta

  • Madrid, 3 abr (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición que hizo en 2005 de cuatro años y medio de cárcel para el presidente de Telefónica, César Alierta, por cometer un "delito de uso de información privilegiada" durante su mandato en Tabacalera, en el que habría obtenido un beneficio de 1,86 millones de euros.

Madrid, 3 abr (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición que hizo en 2005 de cuatro años y medio de cárcel para el presidente de Telefónica, César Alierta, por cometer un "delito de uso de información privilegiada" durante su mandato en Tabacalera, en el que habría obtenido un beneficio de 1,86 millones de euros.

Así se desprende del escrito de calificación del fiscal Alejandro Luzón, que fue hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de cara al juicio oral que comenzará el próximo 14 de abril contra Alierta y su sobrino Luis Javier Pläcer, para quien se solicitan otros cuatro años por el mismo delito.

La celebración del juicio ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional (TC) al rechazar los recursos de amparo presentados por Alierta y su sobrino contra diversas resoluciones judiciales que permitieron que se pudiera continuar instruyendo el "caso Tabacalera", frente a archivos anteriores.

La defensa de Alierta y Plácer siempre ha sostenido que no existió delito de información privilegiada porque algunos datos de operaciones que acometió Tabacalera en 1997 eran conocidos públicamente.

En el mismo escrito de 2005, el Ministerio Fiscal sostiene que Alierta "se valió de su cargo" de presidente de la tabaquera "para aprovechar en su beneficio cierta información reservada", en la que "había contribuido de manera decisiva", como "la adquisición de los principales activos de Havatampa Inc y la subida del precio de las acciones del tabaco".

Según Anticorrupción, Alierta obtuvo "una ganancia" de 309,93 millones de pesetas (alrededor de 1,86 millones de euros), dañando "gravemente los intereses generales""al vulnerar la confianza de los operadores económicos" en el mercado de valores y "el principio de igualdad de oportunidades" de inversores y operadores en bolsa.