Nueva Delhi, 24 sep.- El Tribunal Supremo de la India canceló hoy 214 concesiones de yacimientos de carbón dadas por el Gobierno desde 1993 a 2011, el 98% del total, declaradas "ilegales" porque fueron concedidas a bajo precio y sin subasta previa.
La máxima instancia judicial del país asiático decidió que todas esas adjudicaciones, concedidas a empresas privadas, deberán ser cerradas en los próximos seis meses, mientras que solo cuatro explotaciones ligadas al Gobierno permanecerán activas, informó el canal indio NDTV.
Las compañías privadas que obtuvieron las 214 concesiones deberán reembolsar a las arcas indias 295 rupias (unos 5 dólares) por tonelada de carbón extraída, una cantidad que, según estimaciones de medios locales, podría ascender a 100.000 millones de rupias (unos 1.641 millones de dólares).
La decisión de declarar "ilegales" 18 años de concesiones de yacimientos de carbón en la India había sido tomada hace un mes por el Tribunal Supremo, lo que creó al igual que hoy fuertes descensos en los mercados, aunque luego fueron recuperándose.
"Las concesiones hechas (...) son arbitrarias e ilegales. (...) El bien común y el interés público han sufrido mucho", sentenció entonces la máxima instancia judicial india, que abre la puerta al Gobierno central para que ponga a subasta esos yacimientos.
La sentencia del alto Tribunal se basa en hallazgos hechos desde 2012 por la agencia india de investigación (CBI), que a su vez comenzó a inspeccionar el sector a raíz de las revelaciones que hizo ese mismo año la Auditoría General del Estado (CAG).
Entonces la CAG afirmó que el Estado había dejado de ingresar unos 37.000 millones de dólares entre 2004 y 2012 por la deficiente política de concesiones de los yacimientos de carbón.
El caso del carbón, bautizado por la prensa local como el "Coalgate", se sumó a una serie de escándalos que salpicaron al Gobierno del Partido del Congreso, del exprimer ministro Manmohan Singh, durante su última legislatura.
La aplastante derrota del Congreso en las elecciones generales del pasado mayo se fundamentó, según diversos analistas, en el desgaste del partido sufrido tras 10 años en el poder, en los que a los casos de corrupción se sumó la desaceleración del crecimiento económico.
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