El Ayuntamiento prestará ayuda jurídica a los afectados por los fondos buitre

Los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos han sacado adelante una proposición para que el Ayuntamiento ponga a disposición de la portavoz de los afectados por la venta de vivienda pública de la EMVS a fondos de inversión, Arancha Mejías, y a todos los afectados que lo precisen el "apoyo jurídico profesional para defender sus derechos de inquilino y conseguir la renovación".

La enmienda incluye del texto original incluye que el Ayuntamiento, a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, preste asesoramiento en el ejercicio de sus derechos a los inquilinos y en caso de ser necesario atienda las situaciones de emergencia residencial de los titulares de los contratos de arrendamiento de las viviendas propiedad de la EMVS hasta 2013.

La proposición, de Ahora Madrid y PSOE, ha sido ampliada in voce por Ciudadanos para que se extienda a todos los afectados. El PP ha votado en contra considerando que la propuesta no es más que una "chapuza". Mejías asistirá esta tarde al Pleno de Cibeles.

También ha salido adelante el acuerdo del Pleno para exigir al fondo de inversión Fidere la renovación del contrato a la familia de Arancha Mejías. En la misma proposición instan al Gobierno de la Nación a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para "regular de forma objetiva las causas de la terminación del contrato por voluntad del arrendador a la hora de su renovación, especialmente en el caso de los operadores inmobiliarios profesionales".

La socialista Mercedes González ha recordado en el Pleno que Mejías recibió el anuncio de su desahucio pocas semanas después de haber participado en la comisión de investigación, a la que fue llamada por la institución. El desahucio, con fecha para el 6 de octubre, se producirá cuando se cumplan los diez años que posibilitarían a su familia la compra de la vivienda de la EMVS en el PAU de Carabanchel en la que viven de alquiler.

Y todo ello después de que la exalcaldesa, Ana Botella, asegurara que "sólo cambiaría el recibo" con la llegada de Fidere. Ahora muchos de sus vecinos han visto como pueden renovar sus contratos pero con "subidas de hasta el 43 por ciento" mientras que la familia de la portavoz se verá fuera de su hogar cuando siempre han cumplido con las mensualidades y nunca han sido confictivos.

"Arancha Mejías siempre ha dado la cara y ahora se la han partido cuando el pasado 6 de septiembre recibió el burofax", ha lamentado. Y es que "en el mundo de los bajos fondos quien la hace la paga. Ella pagará su lucha con su casa". En la misma línea se ha expresado la presidenta de la comisión de investigación y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras. "Es una cuestión de justicia", ha añadido González.

El concejal del PP José Luis Martínez Almeida ha tildado de "chapuza" la propuesta en lo referido a la modificación de la ley. Eso le ha llevado a tachar de meros "fuegos artificiales y propaganda" las medidas hoy aprobadas. "Nosotros no nos negamos a las causas sociales pero si se va a un pleito y Arancha Mejías gana, se la resarcirá en costas. También hay asistencia jurídica gratuita", ha remachado.

También se ha preguntado las razones por las que, siguiendo esta línea, "no se financia a quienes haya visto ofendidos sus sentimientos religiosos por la señora Maestre" o a quienes "les rompieron la boca en la cacería al pijo".