COMIENZA EN LA AUDIENCIA NACIONAL EL JUICIO DEL 'CASO PRETORIA' POR PRESUNTA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA DE CDC Y PSC

Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por el 'caso Pretoria' de presunta corrupción urbanística, que afecta a exdirigentes de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y del Partido Socialista de Catalunya (PSC). Hay 11 acusados, entre los que están el exconseller de Economía Macià Alavedra y el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta.
Según las previsiones, la vista se desarrollará hasta el 25 de septiembre. El tribunal ha fijado un total de 26 jornadas que no se solapan con el otro macrojuicio que afecta a la presunta financiación ilegal de Convergència, el del 'caso Palau', algunos de cuyos acusados comparten abogado con los procesados en el 'caso Pretoria'.
El juicio, en el que están citados más de un centenar de testigos, se celebrará en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid), donde también se han celebraron los macrojuicios de la 'Gürtel' o de las 'tarjetas black'.
El tribunal deberá esclarecer si los procesados encubrieron el cobro de presuntas comisiones a cambio de operaciones urbanísticas o se lucraron supuestamente con las ventas de solares públicos.
El fiscal señala a Prenafeta y Alavedra como responsables de los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Ambos exdirigentes pasaron algo más de un mes en prisión preventiva en 2009 y abandonaron la cárcel previo pago de una fianza de un millón de euros.
La Fiscalía indica en su escrito de acusación que ambos exresponsables políticos se habrían aprovechado de su estrecha relación con el que fuera presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para lucrarse con la recalificación y la compraventa de un terreno en el puerto de Badalona y otro en Sant Andreu de Llavaneres.
El ministerio público cree que con estas y otras operaciones Alavedra podría haberse hecho con unos seis millones de euros y Prenafeta con una cifra que rondaría los 15 millones. Ambos habrían creado una red de sociedades opacas y cuentas corrientes en paraísos fiscales para eludir el pago de sus obligaciones tributarias y habrían contado con la colaboración de sus esposas.
También se juzga en esta causa al exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, que la Fiscalía considera supuesto receptor de sobornos que sumarían 1,7 millones de euros.