El Catastro comienza el proceso para regularizar los bienes inmuebles

  • La Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha comunicado al Ayuntamiento de Colindres que ha iniciado el procedimiento para la regularización catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos construidos en el municipio.
EUROPA PRESS
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La regularización ha sido promovida de oficio por la Dirección General de Catastro y concluirá el próximo 30 de julio. Durante este periodo, los técnicos de este organismo verificarán que la descripción catastral de los bienes inmuebles que figura en el registro concuerda con la realidad inmobiliaria, ha informado el Ayuntamiento.

Este proceso se enmarca dentro del plan especial contra el fraude que el Ministerio de Hacienda puso en marcha en el año 2013 y sirve para detectar mediante fotos aéreas nuevas construcciones y reformas sin declarar. En su caso, los inmuebles de Colindres serán revisados durante la última fase de aplicación de este programa.

A través de imágenes tomadas por satélite y drones, el Catastro determina las medidas exactas de las propiedades y las compara con los datos catastrales existentes.

Los particulares que tengan un inmueble sin declarar podrán regularizar su situación voluntariamente abonando una tasa de 60 euros y el pago de los impuestos que en años anteriores no satisficieron.

Aquellos que no lo realicen voluntariamente y que hayan sido detectados por los inspectores, recibirán una notificación del Catastro informando de la construcción irregular descubierta, y tendrán un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

REDUCCIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES

Por otro lado, el Ayuntamiento de Colindres ha solicitado formalmente y por segundo año consecutivo la aplicación de un coeficiente de reducción sobre los valores catastrales de los inmuebles urbanos, para que estos se actualicen en un porcentaje menor del que les correspondería debido a la última revisión catastral, que fue aprobada en el año 2008 y que todavía está en vigor.

Esta solicitud, que ha sido realizada por el alcalde, Javier Incera, tiene que ser aprobada por el Ministerio de Hacienda antes del 30 de septiembre y la medida entraría en vigor en 2018.

El Consistorio ya solicitó en 2016 una reducción del coeficiente del 0,92% que tendrá efecto este año, que se suma junto a la bajada del tipo impositivo al 0,456 ya aprobada. Con estas medidas, el Ayuntamiento quiere que "los vecinos no vean incrementado el recibo del IBI de este año".

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