Comisión cifra el quebranto de la EMVS en 162 millones y señala la "actuación despreciable" del equipo de Botella

Y es que a los inquilinos de las viviendas enajenadas se les negó la condición de interesados en el procedimiento, unido a que con la venta las condiciones se han visto deterioradas, tanto en lo económico (con subidas de los alquileres de hasta un 42 por ciento) como en la estabilidad vital.

Las conclusiones, divididas en once puntos, determinan el "incumplimiento de la función de la EMVS" porque la venta "sólo puede entenderse como una operación de despatrimonialización de la empresa únicamente beneficiosa para la parte compradora".

La "mala gestión política" es la causante, según el dictamen, de la precaria situación económica de la EMVS, con la que se justificó la venta. "No es una situación sobrevenida ni una consecuencia inevitable de la coyuntura económica general sino que es el resultado de continuados años de mala gestión", han aprobado Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. Destacan igualmente que existían otras alternativas, como aumentar las transferencias desde el Ayuntamiento.

También el proceso de venta "contravino la legislación básica de aplicación en su preparación y adjudicación". Citan concretamente la Ley de Contratos del Sector Público, el reglamento de adjudicación de viviendas del Ayuntamiento y las normas internas de contratación de la EMVS.

Tampoco se respetaron los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en el desarrollo del procedimiento, además de no aplicarse las garantías de solvencia del comprador.

El dictamen fija el quebranto económico y perjuicio patrimonial para la EMVS en 162 millones de euros. El importe finalmente obtenido por la EMVS de 128,5 millones de euros supuso una pérdida contable de 31 millones de euros para la entidad.

Pero el perjuicio patrimonial ocasionado a la EMVS sería superior a los 162 millones de euros ya que el valor de los inmuebles enajenados superaría los 291,4 millones de euros, frente a los 128,5 millones pagados, teniendo en consideración los precios oficiales de las VPP fijados por la Comunidad.

La comisión determina igualmente la falta de control legal y financiero en la EMVS y arremete contra la "irresponsabilidad y falso testimonio por parte del que fuera consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, que faltó a la verdad en su comparecencia ocultando la información relativa a la operación de venta de las viviendas".

Por último, la comisión de investigación señala la "connivencia por acción y omisión en las irregularidades detectadas por parte de la Comunidad de Madrid, que no sólo no veló por el cumplimiento de las adecuadas normas de control e inspección de las VPP enajenadas sino que colaboró activamente modificando el reglamento", lo que permitió este "expolio del patrimonio público".