La formación verde ha destacado a través de un comunicado que, además, los CID constituyen "una anomalía jurídica diseñada para permitir determinados proyectos, al margen del ordenamiento urbanístico municipal, del régimen tributario y del de juego".
Para Equo Madrid, la creación de los CID fue un "acto legislativo realizado expresamente para facilitar el proyecto Eurovegas", que finalmente no llegó a realizarse. Añaden que, desde entonces, la Comunidad no ha aprobado ningún otro CID, "lo que demuestra la incapacidad de esta figura normativa para concitar el interés particular de un promotor con el interés general".
Además, afirman que la memoria de la Dirección General de Urbanismo constituye "un reconocimiento del difícil encaje en el marco normativo de esta figura". Aseguran que en ella se afirma, entre otras cuestiones, que no garantiza el derecho de propiedad privada, se limita la participación de la totalidad de propietarios afectados sin justificación en modo alguno y condiciona el ejercicio legítimo de la potestad de planeamiento municipal.
Por último, recuerdan que en estos momentos está en tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid el anteproyecto que modifica la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de política territorial, suelo y urbanismo de la Comunidad de Madrid, al que ya han presentado enmiendas a través del Grupo Parlamentario de Podemos, al que pertenece el coportavoz de Equo Madrid, Alejandro Sánchez, que se encuentran aún pendientes del correspondiente debate y su posible aprobación.
Esta reclamación de la formación verde se produce tras el anuncio el pasado 25 de julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de que los CID sólo podrán levantarse en suelos de titularidad pública o en terrenos que no requieran modificación de los usos. Entonces, la Comunidad negó que esta medida supusiera cerrar la puerta al proyecto que Cordish tenía previsto levantar en terreno privado en Torres de la Alameda.
Esta decisión por parte del Ejecutivo autonómico se dio a conocer cuatro días después de que anunciaran que no admitirían que el proyecto de la empresa norteamericana Cordish se tramitara como Centro Integrado de Desarrollo.
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