La Comisión de Fomento del Congreso votará este martes, a propuesta de En Comú, si insta al Gobierno a retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley catalana de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
La formación catalana, integrada en el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea, llevará a la comisión una proposición no de ley con la que quiere blindar la aplicación esta ley --aprobada por el Parlamento de Cataluña y recurrida por el Gobierno en funciones del Partido Popular el pasado 29 de abril-- y asegurar el compromiso del Ejecutivo para no poner impedimentos en su total desarrollo.
En la iniciativa también reclaman que se pongan en marcha las modificaciones legales necesarias para facilitar que los derechos que recoge la ley puedan ser garantizados por el resto de comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
La ley representaba, según ha manifestado la formación morada en un comunicado, "un cambio de paradigma en la garantía del derecho a la vivienda porque exigía responsabilidades a grandes propietarios y entidades financieras".
LO RECURRIÓ YA EN FUNCIONES.
De este modo, incluía un mecanismo de segunda oportunidad que permitía cancelar las deudas vinculadas a la vivienda habitual de familias en situación de vulnerabilidad; la obligación a los grandes propietarios de viviendas a hacer ofertas de alquiler social antes de proceder al desahucio (a riesgo de ser sancionados) y atribuía a la Administración la capacidad de instar a los grandes propietarios de vivienda a ceder sus pisos vacíos para ponerlos en alquiler social.
El pasado 24 de mayo el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso y dejó sin efecto los artículos que afectan a la exigencia de responsabilidades a los grandes propietarios de vivienda (incluyendo entidades financieras e inmobiliarias), mientras que se dejaron vigentes los que exigen responsabilidades directamente a la Administración y también los que hacen referencia a dar respuesta a situaciones de pobreza energética.
La ley, según ha recordado el grupo confederal, tiene su origen en una iniciativa legislativa popular (ILP), impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc.
Unidos Podemos ha defendido que la norma permitió en Barcelona, en cinco meses de plena aplicación, la paralización de 600 desahucios, la tramitación de 104 alquileres sociales, más de 1.500 requerimientos a bancos y entidades financieras con pisos vacíos para cederlos en alquiler social y 550 pisos de grandes tenedores, tanto en régimen de cesión como mediante compra y derecho de tanteo.
INCUMPLIÓ EL MANDATO DE LA COMISIÓN.
Por otro lado, la formación critica que el PP haya presentado recursos de inconstitucionalidad "contra todas las normas impulsadas por gobiernos autonómicos sobre vivienda digna", citando el caso de las leyes impulsadas en Andalucía, Navarra y el País Vasco.
El recurso en este último caso se produjo, al igual que en la ley catalana, con el Gobierno ya en funciones, lo que ha llevado al grupo parlamentario a lamentar que "a pesar de la falta de legitimidad democrática" el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy "ha continuado tomando decisiones de gran calado".
En la pasada legislatura la Comisión de Fomento ya aprobó una iniciativa sobre emergencia habitacional que instaba al Gobierno en funciones a no recurrir la mencionada ley, tal y como recuerdan desde En Comú.
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