El Consell disuelve la Sociedad para la construcción de viviendas protegidas tras dejar "un pufo" de 3 millones

Así, lo ha comunicado la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, tras la reunión del pleno del Consell, en la que ha informado que estas irregularidades ya se han puesto en conocimiento de Fiscalía Anticorrupción para poder investigar si se derivan "responsabilidades penales", que ya lo ha admitido a trámite. Asimismo, ha invitado a las Corts a crear una comisión de investigación para derivar las responsabilidades políticas.

Estas irregularidades, "demostradas" por un informe de la Intervención de la Generalitat, se dieron tanto en la propia creación de la mercantil en julio de 2004 entre Urbana ducat SL y el entonces Consell a través de una participación del 49% del ya desaparecido Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A., como en la ampliación de capital en 2010 por la que el IVVSA pasó a ser socio mayoritario con el 51% de las acciones y, por tanto, la sociedad mercatil pasó a tener la condición de empresa pública.

Oltra ha señalado que esta mercantil debería llamarse 'Desarrollos urbanos para saqueos organizados' por las numerosas irregularidades cometidas. Así, el IVVSA vendió en 2005 a esta sociedad un solar suyo en Alaquàs (Valencia), por tanto propiedad pública de la Generalitat, para que construyera viviendas sociales a pesar de que el propio instituto las podía haber construido directamente.

Sin embargo, la mercantil pidió un préstamo para pagar ese solar que no devolvió, por lo que en este momento el solar está en ejecución hipotecaria por impago. "La Generalitat se queda sin solar y con una deuda de 3 millones por este impago. Es de traca", ha señalado.

Del mismo modo, se han incumplido "todos los procedimientos de contrataciones hasta el punto de que la auditoría pone de manifiesto que se otorgaban directamente a empresas de familiares directos, hijos y hermanos, de los administradores de la empresa mixta contratos por cuantías muy elevadas, una de 600.000 euros y otra de 15 millones.

Oltra ha explicado que este nueve caso de "ruina en diferido" se inició ya desde su propia creación en 2004 cuando era conseller de Vivienda, Rafael Blasco, que "todos sabemos dónde está ahora" -- está en la cárcel por malversar ayudas públicas al tercer mundo-- ya que "se ha comprobado que no quedan acreditadas las circunstancias que motivaron su creación", como sociedad de capital mixto, para la construcción y gestión de viviendas protegidas.

Además, no se facilitó la concurrencia pública en los términos establecidos por la selección y posterior constitución de la empresa mixta dado que sólo pasaron 16 días desde el anuncio en el DOCV y la firma de la sociedad. Asimismo, ninguna de las empresas acreditó ser propietaria de suelo ni presentó alternativa técnica.

Del mismo modo, tras la revisión del proceso de constitución de esta sociedad, se ha comprobado que no quedan acreditadas las circunstancias que motivaron su creación, como sociedad de capital mixto, para la construcción y gestión de viviendas protegidas. "Ese fue el pecado original", ha constatado.

Oltra ha señalado además que la ampliación de capital de 2010 no contó con la preceptiva autorización del Consell ya que pasaba a ser una empresa pública con lo que el IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) pasaba a avalar el préstamo. "Así ya se cierra el círculo del saqueo porque lo que no se consigue por un lado se consigue por otro y si no ya está el IVF para avalar los pufos", ha apuntado Oltra, que ha constatado que "allí donde hay un pufo, está el IVF avalando las deudas que dejaron aquellos que embolsaron el dinero público y que ahora nos han dejado esta ruina en diferido".

IRREGULARIDADES CONTABLES

Intervención también ha detectado irregularidades contables y fiscal ya que desde hasta marzo 2012 ni la Conselleria ni el IVF, responsables del control de la gestión, le exigió a la empresa ninguna documentación relativa a su funcionamiento. Ante la falta de respuesta dos años después, en 2014, se le volvió a reclamar pero no se tomó ninguna medida administrativa ni judicial para conseguirlo.

Oltra ha señalado que no fue hasta la nueva dirección del ente, con el cambio de gobierno, la que ha presentado una demanda ante el juzgado mercantil de Valencia para exigir la documentación para "poder iniciar las acciones preconcursales de la sociedad".

En ese sentido, ha señalado que fue "Blasco quien comenzó con esta operación", pero considera al Consell de 2004, 2005 y 2010 en pleno "responsables" políticos de "promover este saqueo" y ha señalado que se deben "depurar" estas responsabilidades por "permitir socializar unas pérdidas". "Este el modelo del antiguo Consell del PP, que estaba pensado para desposeer de bienes públicos al conjunto de los valencianos mientras se llenaban los bolsillos unos cuantos empresarios sin escrúpulos", ha recriminado.