Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico, Joaquín Olona, que ha comparecido junto con la directora del IAA, Inés Torralba, que han indicado que con el objetivo de lograr una adecuada depuración de las aguas del Pirineo se volverán a sacar a licitación nuevas depuradoras.
En concreto, está previsto construir 18 o 19 entre el año que viene y 2023, con un coste de 75 millones de euros, una cuantía "perfectamente asumible" puesto que el plan de concesión vigente hasta ahora suponía un coste anual al Gobierno de Aragón de entre 17 y 18 millones de euros durante 20 años.
Olona ha señalado que esto va a permitir "un ahorro importante para los ciudadanos" y la voluntad es ejecutar las obras "tan pronto como sea posible", priorizando nueve de ellas por afectar a zonas con mayor concentración de población, aquellas que tiene más de 2.000 habitantes equivalentes.
La directora del IAA ha explicado que este año se quiere resolver la rescisión de estos contratos, entre 2018 y 2019, tramitar las nuevas depuradoras y entre el año que viene y el siguiente iniciar las primeras, que estiman serán las de Ansó, Hecho-Siresa y Sallent-Formigal, si bien este proceso se va a someter a participación, ha remarcado Olona.
INICIATIVA DEL GOBIERNO
El consejero ha recordado que al inicio de la legislatura ya cuestión el sistema concesional para realizar estas depuradoras, conocido como Plan Pirineos, y fue el Gobierno el que impulsó la modificación de los contratos por considerar que había algunas "que no se necesitaban o estaban sobredimensionadas".
Al respecto, la directora del IAA ha detallado que el Plan Pirineos había hecho una previsión de depuración para una población de 160.000 habitantes equivalentes, cuando esa zona suma 20.000 y si bien en temporada estival y de esquí se cuadriplica el número de personas, la cifra inicial continuaba siendo excesiva.
Olona ha subrayado que la acción del Ejecutivo es anterior al inicio de la elaboración del informe de la Cámara de Cuentas sobre este asunto, cuyas conclusiones, "respaldan y ratifican las decisiones que hemos ido adoptado" y también a la aprobación el pasado mes de abril de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón sobre la gestión pública en materia de saneamiento y depuración de aguas.
CUATRO ZONAS
Los contratos cuya modificación se considera "legalmente inviable" se corresponden con cuatro zonas de actuación, las denominadas P-1, que afecta al río Aragón; la P-2, del río Gállego; la P-3, de los ríos Cinca y Ara; y la P-4, del Ésera y Noguera Ribagorzana.
Con el cambio se pretendía suprimir depuradoras en poblaciones cuyos vertidos no supone impacto apreciable y rebajar la capacidad prevista de otras, así como "atender demandas municipales y modificar las soluciones de unificación de vertidos no realizables", todo esto con cambios de plazos o de tarifas de remuneración para que las modificaciones "resultaran económicamente neutras", ha dicho Olona.
Ha aclarado que según la normativa en la modificación de un contrato no se puede ni mejorar, ni empeorar las expectativas de rentabilidad para las concesionarias. Sin embargo, se ha constatado que esto supondría cambios "sustanciales" en las condiciones iniciales e "incurrir en ilegalidad".
Además, puesto que mantener las obras como estaban previstas al principio implicaría "daño al interés público" porque están "sobredimensionadas o son innecesarias", se ha optado por resolver los contratos.
Esta última decisión también se apoya en que ha habido incumplimientos parciales de los mismos derivados de la falta de financiación que han sufrido las empresas concesionarias y demora en la ejecución de obras que podrían haberse realizado por no estar afectadas por los problemas indicados, ha detallado Olona.
LICITADOS EN 2008
El consejero ha recordado que estos cuatro contratos de concesión fueron licitados en 2008 y las actuaciones estaban recogidas en un convenio firmado ese mismo año por el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente porque se encomendaron a la Comunidad autónoma, si bien estaban declaradas de interés general del Estado.
Sin embargo, hasta ahora, excepto en la zona P-2, en el resto no se ha iniciado ninguna obra ya que la ejecución de las mismas ha estado "dificultada" por la falta de financiación bancaria para las concesionarias e insuficiencia de rentabilidad, así como por el efecto de la crisis inmobiliaria, que "frustró expectativas de crecimiento urbanístico" e hizo que las depuradoras proyectadas fuera innecesarias o sobredimensionadas, ha apuntado Olona.
Además, ha continuado, ha habido desacuerdos y demandas de los municipios afectados con respecto a cambios de tecnología, ubicación y conexión de los sistemas de saneamiento y vertido entre poblaciones que iban a compartir depuradora, así como imposibilidad de ejecutar colectores para reunir vertidos de varios núcleos por causas ambientales, administrativas o de ocupación de terrenos.
Todo esto fue lo que llevó a tratar de modificar los contratos, algo que se ha determinado inviable. El inicio de los trámites para la rescisión ya ha sido notificado a las concesionarias.
Dos de ellas, las de las zonas de actuación de Río Aragón y de Ésera y Noguera Ribagorzana ya han presentado dos recursos contencioso administrativos y reclaman a la Administración siete millones de euros, si bien la directora del IAA ha apuntado que "entendemos que no prosperarán".
No obstante, ha precisado que la resolución de los contratos sí contempla una liquidación y el pago de todos los trabajos realizados --redacción de proyectos--, que se abonarán a precio de mercado.
COBERTURA JURÍDICA
El consejero ha subrayado que la decisión que se ha tomado está "totalmente amparada por informes jurídicos" y precisamente el proceso ha sido "largo" porque "hemos querido tener la más absoluta cobertura jurídica".
En este punto, y puesto que estas actuaciones están contempladas en un convenio suscrito con el Ministerio de Medio Ambiente, Olona ha indicado que será preciso modificar ese acuerdo, para lo que ha reclamado "un diálogo no estríctamente jurídico, que es lo que plantea" el Ejecutivo central.
Así se lo va a trasladar este jueves a la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, con la que se va a reunir. En general, ha dicho "le voy a exigir mejorar el diálogo en materia de aguas", así como los cauces de información.
Olona no ha detallado cuáles serán sus peticiones concretas, salvo que le va a reclamar explicaciones por las sanciones que está formulado la Confederación Hidrográfica del Ebro a algunos municipios por carecer de sistema de depuración, una actuación "injustificada" de la CHE por la que "estamos pidiendo aclaraciones, que no nos da" y por eso se las va a pedir al ministerio de "por qué ahora y por qué en unos municipios concretos".
MAESTRAZGO Y MATARRAÑA
El consejero ha recordado que al inicio de la legislatura ya paralizó los contratos de construcción de depuradoras de las zonas del Maestrazgo y el Matarraña, en la provincia de Teruel. Dos de ellas, las de Calaceite y Maella, se van a licitar este año y se finalizarán el que viene. En total, las actuaciones previstas en estas zonas tendrán un coste de 18 millones y se desarrollarán hasta 2020.
Olona ha sostenido que cuando se hayan concluido las intervenciones en esta zona y en el Pirineo, entre el 98 y 99 por ciento de las necesidades de depuración de Aragón estarán cubiertas y solo quedará por realizar "instalaciones pequeñas", que requerirán de "soluciones sencillas y baratas".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios