El Gobierno vasco incrementará un 16,6 por ciento el dinero que aportará a las personas que alquilen una vivienda vacía a través del programa 'Bizigune' de arrendamientos sociales, cuya cuantía máxima pasará de 450 a 525 euros mensuales. El consejero de Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha explicado que el objetivo es "incentivar" a los propietarios y acabar con la tendencia a la baja en el número de pisos vacíos captados a través de esta iniciativa.
Arriola ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento vasco, en la que ha presentado el proyecto presupuestario de su departamento para este año.
El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda dispondrá en 2017 de un presupuesto de 191,8 millones de euros, de los que casi 122 corresponden al área de Vivienda. No obstante, si se tiene en cuenta los recursos de las sociedades públicas Alokabide y Visesa, el presupuesto global del Ejecutivo destinado a políticas de vivienda llega a los 340 millones de euros.
En su intervención, Arriola ha explicado que una de las prioridades de su departamento es reforzar las políticas destinadas al alquiler social, una modalidad de arrendamiento canalizada a través del programa 'Bizigune'. Ha informado de que el número de viviendas vacías captadas a través de esta iniciativa se sitúa en la actualidad en 4.500, cuando en épocas anteriores ha llegado a los 5.100.
El consejero ha reconocido que la reducción acordada en 2014 de la renta máxima destinada a las viviendas alquiladas a través del programa 'Bizigune' ha podido "desincentivar" el arrendamiento de pisos privados a través de esta iniciativa.
AUMENTO DEL 23%
El Gobierno vasco, a través de 'Bizugune', paga una cantidad mensual a los propietarios que aceptan destinar una vivienda al alquiler social. En 2014, la cantidad máxima a abonar pasó de 600 a 450 euros mensuales. Ahora, el Ejecutivo ha optado por aplicar un incremento del 16,6 por ciento, de forma que la suma a abonar se elevará a 525 euros. Para poder financiar este incremento, el presupuesto de 'Bizigune' se ha incrementado en un 23 por ciento, hasta situarse en 24 millones de euros.
La cantidad más importante del presupuesto del departamento corresponde al área de Vivienda, con 121,6 millones de euros, cuantía que asciende a 340 millones si se suman los presupuestos de las sociedades públicas Alokabide y Visesa. El área de Medio Ambiente gestionará 60,8 millones y la de Planificación Territorial, 3,7 millones.
En el área de Vivienda, el presupuesto del departamento asciende a 121,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,7 por ciento en relación a 2016. A esta suma se le añade la dotación destinada a las sociedades públicas Visesa y Alokabide. La primera de ellas dispone de un presupuesto de gastos de 119,2 millones de euros (un 8 por ciento menos que en 2016), y Alokabide cuenta con una asignación de 83,2 millones de euros, un 45 por ciento más que en 2016.
En conjunto, el presupuesto de gastos en vivienda, sumando el Departamento y sus sociedades públicas adscritas, se sitúa en 324,1 millones de euros, lo que representa un 9,5 por ciento más de capacidad de gasto directo que el año pasado.
REHABILITACIÓN
De esa cifra total, el 56 por ciento es gasto directamente imputable a políticas de alquiler; y el 33,56 por ciento es gasto imputable a políticas de rehabilitación. De modo que, si se descuenta el apartado de rehabilitación urbana, el 84,56 por ciento del gasto directo del programa de vivienda se asigna a políticas de alquiler, en consonancia con los criterios marcados por la Ley de Vivienda de 2015.
En 2017 se incorporan al derecho subjetivo a la vivienda nuevos colectivos sociales, compuestos por unidades convivenciales de dos miembros con ingresos anuales de hasta 12.000 euros. Estos se agregan a los colectivos sociales de tres o más miembros con ingresos de hasta 15.000 euros que ya tienen reconocido ese derecho de acceso a la vivienda desde 2016.
PRESTACIÓN DE VIVIENDA
El Departamento calcula que este año se duplicará, así, el alcance material del derecho legal a una vivienda digna y adecuada, que será atendido con un piso en alquiler y, si no hay uno disponible, mediante el pago de la prestación económica de vivienda (PEV). Arriola ha asegurado que no habrá "reducción alguna de los derechos reconocidos" en materia de prestaciones de vivienda.
En 2017 se adjudicarán viviendas en alquiler para satisfacer el derecho subjetivo mediante la rotación del parque público gestionado por Alokabide, con las nuevas captaciones del programa Bizigune, y, en última instancia, con el pago de prestaciones económicas de vivienda (PEV).
Asimismo, el Programa de Vivienda 2017 planifica, por primera vez, que el 80 por ciento de las nuevas edificaciones de pisos de protección pública por parte de los entes públicos lo sean en alquiler.
MEDIO AMBIENTE
El presupuesto del área medioambiental se articula en torno a seis objetivos estratégicos fijados: Protección del Patrimonio Natural (3,5 millones de euros), Economía baja en carbono y eficiente en recursos (1,1 millones de euros), Medio ambiente saludable y Calidad ambiental (36,6 millones), Sostenibilidad del Territorio (dos millones), Integración y educación ambiental (1,9 millones) y mejora de la administración ambiental (1,3 millones).
Por su parte, la Agencia Vasca del Agua-URA cuenta con un presupuesto de 40,7 millones de euros, de los que el 34,9 millones son ingresos provenientes de la aportación que realiza el Departamento.
El programa de Ordenación del Territorio y Urbanismo tiene asignado un presupuesto de 3,7 millones de euros. La planificación territorial, el urbanismo y la regeneración urbana disponen de una dotación de 1,2 millones, mientras que a la información geográfica territorial se destinarán 992.000 euros.
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