La Junta invierte 1,24 millones en impulsar 20 VPO en el casco histórico de Montoro

La actuación se encuentra al 30 por ciento de ejecución y la previsión es que las promociones culminen a finales de este año, según ha explicado la secretaria general de Vivienda de la Junta, Catalina Madueño, quien ha visitado las obras, acompañada de la alcaldesa de Montoro, Ana Romero, y la delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Córdoba, Josefina Vioque.

Madueño ha destacado la importancia de estas dos actuaciones, que "vendrán, por un lado, a revitalizar el centro con la presencia de nuevas familias y a recuperar dos edificios, que datan de los siglos XVIII y XIX, ambos catalogados y protegidos".

Por otro lado, según ha señalado, la actuación implica "ofrecer vivienda en arrendamiento a quienes necesitan una solución habitacional acorde con sus ingresos", destacando, en este sentido, "el esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía en materia de vivienda, con una fuerte inversión destinada rehabilitar su parque público para mejorar las condiciones de vida de la población residente", lo cual se traduce, de modo general, "en obras por importe de 98,5 millones, con los que se esta actuando en 8.747 viviendas en todas las provincias de Andalucía".

Las dos fincas en obras en Montoro se localizan en las calles Álvaro Pérez, 30 y Diego Medina, 20. Ambas están incluidas en el convenio de declaración del ARRU del centro histórico de Montoro, firmado por el Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento y Vivienda, y que contempla la financiación de dichas actuaciones con fondos europeos, del Estado y de la Junta de Andalucía.

La finca de Diego Medina, titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ocupa una parcela de 431 metros cuadrados, con dos plantas. La actuación se centra en este edificio y en un solar colindante, donde existía una sola vivienda privada.

En dicho suelo se están construyendo 14 viviendas, todas protegidas en alquiler, salvo una que se reserva para la familia propietaria de la vivienda en el solar anexo al edificio principal. De la intervención resultarán cinco viviendas de tres dormitorios, dos de dos habitaciones y las siete restantes de un dormitorio, con superficies útiles de entre 40,65 y 68,84 metros cuadrados.

Las obras en Diego Medina, un edificio datado en el siglo XVIII, se ejecutan sobre un proyecto del arquitecto David Pérez Herranz. Los trabajos fueron contratados a la empresa Helopav a finales de julio de 2016, con un presupuesto de 743.156 euros, se iniciaron en septiembre y se encuentran al 25 por ciento de ejecución, estando prevista su terminación en diciembre de este año.

La actuación en Álvaro Pérez 30, adjudicada a Vialterra Infraestructuras, también en julio de 2016, e iniciada a finales de agosto, fue diseñada por la arquitecta Dolores García Guijo. La obra, adjudicada en 505.476 euros, se encuentra al 30 por ciento de ejecución y estará concluida a finales del próximo noviembre.

En este caso, se trata de una finca del siglo XIX construida sobre una parcela de 486 metros cuadrados, cuyas viviendas se configuran en torno a un patio central y con un nivel de protección que obliga a conservar la fachada. El resto del inmueble está siendo objeto de una rehabilitación integral, consolidación de la estructura y redistribución del espacio habitable, en el que resultarán siete viviendas (una de tres dormitorios, cinco de dos y la séptima de un dormitorio). Las viviendas tendrán superficies útiles entre 38,71 y 69,94 metros cuadrados.

Madueño ha recordado que la provincia de Córdoba tiene otra ARRU declarada en la capital, concretamente en la barriada de Las Palmeras, donde se realizarán obras de rehabilitación de espacios comunes de edificios que albergan 567 viviendas, con una inversión prevista en los acuerdos de 4,68 millones de euros.

Además, la Consejería tiene previsto plantear al Ministerio posibles nuevos convenios de declaración de ARRU, uno de ellos para la barriada del Polígono Guadalquivir, en Córdoba capital, con una inversión estimada, en el caso de que la iniciativa fuera aprobada, de 7,39 millones de euros.