Fuentes de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma han explicado a Europa Press que la Policía Nacional ha recibido "una decena" de denuncias de personas que formalizaron contratos de compraventa con 'Dolmen' pero que todavía no tienen títulos de propiedad, por lo que tendrá que ser la Sareb la que formalice acciones legales para que los juzgados puedan, en su caso, formalizar órdenes de desalojo.
El consejero de Fomento del Ejecutivo autonómico, Néstor García (PP), ha asegurado este martes en la Asamblea en respuesta a una interpelación de la oposición que se trata de un conflicto "privado" sobre el que la Administración local no tiene "ninguna competencia" y ha recomendado a los perjudicados que busquen "buenos abogados" para defender sus derechos y, en su caso, recuperar el dinero desembolsado en su momento.
La Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa) enajenó en 2006 por unos seis millones de euros unos 5.000 metros cuadrados de suelo municipal para la construcción de más de 200 pisos, la mayoría de tres dormitorios, en la modalidad de precio concertado. La adjudicataria fue 'Dolmen Consulting Inmobiliario' pero las obras se paralizaron en 2009 y no se retomaron hasta 2012, aunque las viviendas nunca se llegaron a entregar ni cuenta con suministros básicos o cédulas de habitabilidad.
En 2015, cuando la Sareb ya se había hecho con la promoción, la Asamblea de Ceuta aprobó por unanimidad encargar a sus Servicios Jurídicos un estudio sobre la posibilidad de "rescatar las viviendas mediante una rescisión de mutuo acuerdo y proceder a la finalización de las obras respetando la adjudicación original y las cantidades entregadas a cuenta por los compradores", aunque dicho acuerdo nunca llegó a materializarse.
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