El objetivo de la iniciativa es "combatir que las mafias organicen okupaciones ilegales de viviendas, aprovechándose del vacío legal actual para extorsionar al pequeño propietario que quiere recuperar su piso".
Según la portavoz de Justicia del PDeCAT en el Congreso, Lourdes Ciuró, "si la iniciativa prospera, quien okupa ilegalmente una vivienda deberá desalojarla por orden judicial inmediatamente, a menos que acredite en un corto plazo de tiempo un título de propiedad o alquiler que le habilite para permanecer en ella".
Eso sí, Ciuró recalca que la medida no se podrá aplicar para desalojar a personas que impagan rentas de alquiler o las cuotas hipotecarias, ni tampoco podrán acogerse a la normativa los grandes tenedores de fincas.
"La okupación ilegal no puede ser una forma establecida y tolerada de acceso a una vivienda -recalca-. Simultáneamente, es imprescindible garantizar a las personas que lo necesitan, un parque de vivienda social que permita atenderlas de manera rápida, ágil y eficaz".
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