Según ha informado la Diputación en una nota, a través de una moción se solicitará a la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la supresión de la tasa de 60 euros que se está aplicando a cada inmueble regularizado o en su caso una reducción que se ajuste al coste real del servicio para cada ciudadano, pues "parece abusiva" siendo el catastro competencia exclusiva del Estado.
A través de esta moción se insta a la Dirección General del Catastro a que exija a la empresa inspectora o a la Oficina de Catastro de la provincia, a que asuma "de forma íntegra" la tramitación y gestión de los expedientes y que atienda de forma individualizada las dudas y reclamaciones de los vecinos afectados en un máximo de tres meses desde interpuesta la reclamación.
También se solicita que, en aquellos casos en los que quede demostrado el error, se devuelva al administrado lo cobrado indebidamente "de manera inmediata" y se corrija el incremento provocado del IBI.
Por último, el grupo socialista propone estimar las reclamaciones de aquellas personas que no fueron notificadas en tiempo y forma, teniendo en cuenta los fallos producidos en el procedimiento y que no quede ningún ciudadano en indefensión ante la Administración.
UNAS 46.000 VIVIENDAS AFECTADAS
Se estima que este proceso podría afectar a unas 46.000 viviendas en la provincia, donde se están tramitando numerosos expedientes, alterando de forma muy significativa el valor catastral, incluso en los casos en los que se trata de obras menores y de intervenciones de mantenimiento, sin incorporación de nuevos elementos ni aumento de metros edificables. Este cambio supone un nuevo valor catastral que aumenta sustancialmente el IBI, una carga más para la población de Huelva y provincia.
Además añaden que el valor catastral, que depende de diversos factores, como la localización del inmueble o el tipo de construcción, tiene una gran incidencia en la vida diaria y es una referencia clara en muchos trámites fiscales, entre ellos los que afectan a la compraventa de inmuebles, la tributación de la contribución o IBI, la declaración de la renta, el IRPF o el impuesto de plusvalía, entre otros.
De igual forma consideran que las inspecciones llevadas a cabo "carecen del rigor suficiente", ya que se han realizado únicamente mediante fotografías de vuelo aéreo e imágenes de fachada, sin personarse la empresa en los inmuebles afectados, unos medios que no se corresponden al valor de la tasa impuesta de 60 euros.
Según se recoge en la moción, todos los vecinos de Huelva y su provincia son conscientes del procedimiento de regularización catastral que está llevando a cabo la Gerencia Territorial del Catastro en Huelva provincia y sus municipios.
Este ente, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha enviado notificaciones indicando a los titulares de bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales que están inmersos en un procedimiento de regularización catastral y que por este servicio tienen que abonar una tasa de 60 euros por inmueble.
"UNA SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN"
Notificación que en muchos casos no ha llegado a sus propietarios, encontrándose así ante "una situación de indefensión" en el procedimiento, según el PSOE. La moción explica que esta medida forma parte del plan de regularización catastral que se inició en el año 2013 y que afecta a más de 8.000 municipios de todo el territorio nacional. Su principal objetivo es detectar aquellas construcciones, reformas y rehabilitaciones no declaradas por desconocimiento u otros motivos y que no están tributando correctamente.
Los socialistas denuncian que la Dirección General del Catastro ha contratado a varias empresas privadas para llevar a cabo las inspecciones en todos los municipios del territorio nacional, a pesar de que la formación y mantenimiento de la función catastral así como la difusión de la información son de competencia exclusiva del Estado.
Desde el grupo socialista se subraya que, si bien comparten la actualización catastral y los principios de igualdad social y fiscalidad progresiva, esto es, que pague más quien más tiene, consideran que el proceso de regularización catastral se está aplicando con "exceso de celo y falta de rigor" lo que provocará "un grave perjuicio" a los vecinos, que han visto incrementados sus recibos de IBI "con efectos retroactivos", sin comprobar las incidencias que se han presentado.
Asimismo, desde la Oficina de Catastro se informa de que la tramitación de las reclamaciones es "muy lenta por la falta de personal y las elevadas incidencias presentadas". Todo ello pone de manifiesto, a juicio del grupo socialista, "la nefasta gestión" que se ha llevado a cabo para este procedimiento.
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