Causapié ha realizado la petición a las puertas de uno de los edificios vendidos a Fidere, en el que vive la presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, Arantxa Mejías, donde también ha anunciado que en el próximo pleno, van a plantear "diferentes iniciativas".
"Apoyaremos y espero que todos los grupos aprueben el dictamen de la Comisión de investigación en cuanto a pedir responsabilidades a aquellas personas responsables de una acción injusta, y plantearemos iniciativas para ir a un procedimiento judicial ante los tribunales españoles y ante la Unión Europea", ha explicado la edil socialista, quien ha señalado que además pedirán al Gobierno municipal que sea "solidario" y "que apoye a Arantxa Mejías y su familia".
"Que la apoye con asesoramiento jurídico y con recursos sociales para garantizar que las familias no sufran desarraigo y desamparo ante las instituciones públicas", ha añadido.
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Junta de Carabanchel y secretario general del PSOE en Carabanchel, Gabriel Calles, ha recordado que esas viviendas son "propiedad de todos los madrileños". "Se ha pagado con los impuestos de los madrileños y Ana Botella --entonces alcaldesa de la capital-- decidió regalarlo a precio de saldo a una empresa determinada, haciendo abstracción de los seres humanos que tenían que estar dentro", ha explicado Calles.
"Quienes estaban dentro cumplían unos baremos y entraron con un acuerdo para firmar el contrato, pero el PP decidió dejarles sin vivienda, sin espacio y sin futuro", ha indicado Calles, para quien el PSOE "lleva trabajando mucho tiempo con Arantxa y los afectados para que esto no se vuelva a repetir".
Además, Calles ha pedido que "hagan examen de conciencia los que favorecieron esta situación y que la justicia entienda que hablamos de seres humanos". "Se reconocerá al final que el PP se equivocó y tendrán que pedir disculpas", ha indicado.
También ha estado presente en el encuentro Arantxa Mejías, a quien un Burofax a principios de mes le comunicó que tiene que abandonar su domicilio el próximo 6 de octubre.
Mejías, quien ya calificó esta decisión de "venganza" por su posición crítica a la venta de 1.860 viviendas en 2013 a un fondo de inversión, ha asegurado que "en diez años" no ha dejado de pagar el alquiler --cifrado en 700 euros-- ni ha tenido ninguna queja por convivencia vecinal. Por ello, Arantxa Mejías critica que sea una decisión "discriminatoria" contra su familia.
Por otra parte, Mejías considera que "la Comisión de investigación clarifica lo que llevamos denunciando desde todo este tiempo". "Estamos contentos del apoyo y de la serie de acciones tomadas y creemos que es bastante favorable porque se ve la injusticia social y esperamos a ver si judicialmente se puede paralizar, porque el 6 de octubre tendría que abandonar mi casa", ha indicado la presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS.
Arantxa Mejías ha asegurado que los vecinos se sienten apoyados por PSOE y Ahora Madrid. "Confiamos que todas esas decisiones se lleven a cabo más pronto que tarde porque esta situación general da mucha incertidumbre".
En el caso de tener que dejar su vivienda, Mejías ha recordado que el Ayuntamiento le aseguró "una solución habitacional sin perder el arraigo". "Una casa no sólo es el techo sino todo lo que le entorna, por lo que la solución habitacional entendemos que será en Carabanchel", ha indicado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios