El trámite de informes ha concluido tras presentar todas las partes sus escritos de conclusiones al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que ahora debe fallar sobre una causa que se remonta a abril de 2007 cuando agentes de la Guardia Civil procedían a la entrada y registro del Ayuntamiento de Zurgena, bajo mandato del ya extinto Partido Andalucista (PA), y a la detención la detención de varias personas, entre ellas Trabalón y Tijeras.
La ponente de la sentencia en esta causa, en la que han sido enjuiciados integrantes de las corporaciones locales entre 2003 y 2011, funcionarios, promotores y constructores, así como profesionales de la arquitectura por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio, será la magistrada Soledad Jiménez Cisneros de Cid.
En sus conclusiones, el fiscal sostuvo que Trabalón y Tijeras "promovieron un contubernio" para conceder con "subterfugios y fraude de ley" cientos de licencias urbanísticas ilegales en el municipio "de las que se beneficiaron mucho más de lo que se ha conseguido probar" ya que había "muchísimo dinero en juego" y resaltó la "persistencia y contumacia" de ambos, en los que existía "la voluntad de dar licencias dijeran lo que dijeran los técnicos". "Ninguno de los dos se ha cortado", afirmó, tajante.
El Ministerio Público modificó su escrito de calificación provisional y pidió para el exregidor penas de cárcel que suman 18 años y seis meses, además de 48 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público y dos más de inhabilitación especial para oficio relacionado con la construcción, frente a los 180 años de cárcel y los 1.050 años de inhabilitación que pedía de manera inicial al convertir los delitos en continuados.
Le atribuyó, de este modo, la comisión de tres presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística, un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, uno de falsedad documental, dos delitos continuados de cohecho y un delito contra la ordenación del territorio. Al margen de las penas privativas de libertad, interesó el abono de multas de 20, 8 y 14 meses con una cuota diaria de 12 euros, y otra multa de 400.000 euros por los supuestos cohechos.
Con respecto a Tijeras, solicitó penas de cárcel que suman nueve años y nueve meses y 46 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como multa de 20 meses a razón de 12 euros al día por el delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios. También imputó al exconcejal la supuesta comisión de tres delitos continuados de prevaricación urbanística y uno de cohecho. Inicialmente, se enfrentaba a 178 años y seis meses de prisión.
En su exposición ante el tribunal, el fiscal señaló que "no hay duda" de la "naturaleza no urbanizable" de los suelos sobre el que autorizaron las construcciones y distinguió hasta cuatro etapas en la gestión supuestamente irregular de ambos: una primera, cuando Tijeras concedió un total de 40 licencias de obras por "su real voluntad"; una segunda en la que la aprobación se sometió al órgano colegiado del pleno para "diluir la responsabilidad" por decisión del exalcalde y del propio exedil; y una tercera en la que Trabalón, "sabiendo que eran ilegales" y ante el inicio de procedimientos judiciales por conflictos con la Junta andaluza, no se "atrevía a llevarlas a pleno ya que deseaba no concederlas de forma manifiesta" y decidió "no resolver voluntariamente la concesión o denegación dejando transcurrir el plazo de tres meses para dictar una resolución, certificando luego la concesión por silencio administrativo".
La cuarta vía, en la que implicó a ambos, habría pasado por dar licencias de segregación de fincas rústicas en suelo no urbanizable aunque, "inmediatamente después se autorizaba a dividir la finca en un numero determinado de parcelas que se calificaban como de naturaleza urbana cuando eran suelo no urbanizable".
PRESUNTOS COHECHOS
En su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal acusó al exalcalde de promover, "de forma clandestina" y a nombre de su cuñado, viviendas en un paraje no urbanizable propiedad de su padre y de "votar en pleno a favor" de la concesión de cada una de las tres licencias" en las que usó el nombre del marido de su hermana "para evitar que su nombre figurara".
Para la ejecución de las estructuras de las cinco viviendas, cuyo coste cifró en 177.971,08 euros, Trabalón "concertó" con los administradores de dos constructoras "que ejecutarían aquellos trabajos sin cobrar precio a cambio de que el primero concediera a aquellas mercantiles licencias de obras para la construcción de 49 viviendas en suelo no urbanizable que no estaba permitidas por la legislación, así como que les facilitara las licencias de primera ocupación".
El segundo delito de cohecho que le imputa derivaría de un supuesto acuerdo con una tercera mercantil, que había obtenido licencia en suelo no urbanizable para 120 viviendas, para que construyera la estructura de un edificio de planta baja y dos plantas con cuatro viviendas que quería levantar en el núcleo urbano de Zurgena "sin que conste que se efectuara pago alguno" por ello.
Con posterioridad, habría "concertado" con una cuarta mercantil "el cerramiento exterior" y el acondicionamiento del local comercial "sin cobrar su precio --200.000 euros-- a cambio de que Trabalón concediera o facilitara la concesión de licencias". "En aplicación de ese pacto , se aprobaron licencias a favor de esta empresa para 50, 73, y 94 viviendas contrarias a la normativa urbanística", ha precisado.
En el caso de Tijeras, detalló que el administrador de dos mercantiles "le hizo entrega de cantidades de dinero cuyo número y cuantía no ha podido determinarse" con la finalidad "no sólo de que le asesorara en materia urbanística y redactara y preparara los escritos que dirigía al Ayuntamiento, sino especialmente para que le concediera o votara a favor de la concesión de numerosas licencias urbanísticas contrarias a la legalidad".
"Como retribución por la concesión de aquellas licencias y para que le siguiera concediendo, el promotor decidió adquirir un vehículo para que lo utilizara gratuitamente el concejal, que aceptó el obsequio valorado en 30.809,79 euros", concluyó.
CONFORMIDADES
La exsecretaria municipal, María Trinidad L.G., a quien el fiscal acusaba como cooperadora necesaria para que se pudieran conceder licencias urbanísticas por la vía del silencio administrativo positivo reconoció los hechos y aceptó 18 meses de prisión por 29 delitos de prevaricación urbanística, así como con siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por cada uno de estos delitos.
También se conformó quien fuera arquitecto municipal entre octubre de 2005 y febrero de 2006, Francisco S.G., acusado de perpetuar el modo de actuar que se achaca a su predecesor, Carlos Domingo B.F., quien ya se conformó en mayo de 2016 durante la sesión dedicada a cuestiones previas. Su socio en el estudio, José María G.R. también aceptó ser autor de un delito de prevaricación urbanística
Otros tres acusados reconocieron los hechos en la sesión dedicada a cuestiones previas. En concreto, los administradores y la arquitecta de la constructora 'Colyar SLL'.
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