Según ha informado Aptur en un comunicado ambos archipiélagos tienen "restricciones no justificadas que se traducen en una práctica prohibición a la vivienda vacacional, que limita no sólo el derecho a la propiedad, sino también el derecho al libre servicio".
Por ello, ambas entidades han solicitado un audiencia con la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián.
En Baleares, el borrador de anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Turismo establece "techos, zonificaciones y requisitos de difícil cumplimiento para legalizar la vivienda vacacional en general", han comentado.
Además, establece también licencias de cinco años, revisables en cualquier momento, para viviendas a edificios plurifamiliars, generando inseguridad jurídica y requisitos de aprobación previa por parte de las comunidades de propietarios, "invadiendo competencias estatales y contraviniendo la Ley de Propiedad Horizontal".
En Canarias el alquiler vacacional está regulado por el decreto 113/2015 de 22 de mayo, que, según Ascav, no se ajusta al compromiso del Gobierno de Canarias de llevar todas las viviendas vacacionales de la situación de alegalidad a la de legalidad.
"El decreto vulnera principios como la libertad de competencia o el derecho al libre uso de la propiedad, y ha generado un caos normativo e inseguridad jurídica", han explicado.
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