Las cuentas no les salen a las comunidades autónomas. Los gastos son mayores a los ingresos y tienen a la vuelta de la esquina el examen con el Ministerio de Economía. Para fin de año debe cumplir con un déficit presupuestario no superior al 1,3%.
Para lograr ese objetivo, los equipos de las administraciones están recortando costes y buscando huevos de oro para vender y rellenar sus arcas. En esa línea, cinco comunidades autónomas quieren exprimir su imperio inmobiliario para recaudar un total de 1.923 millones de euros en el conjunto del año.
En concreto, las corporaciones de Andalucía, Extremadura, Asturias, Valencia y Murcia han colgado el cartel de 'Se Vende' a oficinas, viviendas, parcelas, hospitales y hasta puntos de amarre. Todo vale con tal de conseguir dinero.
No obstante, el viento no sopla a favor de las administraciones, ya que sus expectativas pueden ser menguadas tal y como está el mercado inmobiliario. Hay demasiada oferta y los potenciales clientes con dinero escasean. También influyen las prisas para cerrar estas ventas.
El caso es que estos procesos de desinversión deben de estar tan avanzados que las comunidades autónomas ya se han atrevido a apuntar los ingresos en sus cuentas para el cierre de este año. Hasta lo han dado por hecho ante el Ministerio de Economía y Hacienda, que es donde han presentado sus planes de saneamiento.
La que más espera sacar jugo del ladrillo es la Junta de Andalucía, que tiene en venta un lote de 75 edificios de la administración. Según sus cálculos, espera obtener 951,7 millones de euros a través de esa desinversión patrimonial.
Se prevé que en las próximas semanas se conozca el ganador de este paquete de inmuebles, en el que la administración seguirá ocupando las oficinas en concepto de alquiler. De todas formas, fuentes inmersas en ese proceso señalaron a este diario que el valor de esos inmuebles en el mercado es inferior a los 900 millones de euros.
Otro apunte que ha notificado la Junta en la partida de ingresos es un préstamo reintegrable por 147 millones de euros para reactivar el mercado inmobiliario. Ese dinero irá dirigido al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y al de Actos Jurídicos Documentados.
Este último caso no es una desinversión inmobiliaria pero si una vía relacionada con el sector. Si sumamos ambos importes, la comunidad rellenará sus arcas con casi 1.100 millones de euros.
Otros procesos
La Generalitat Valenciana también tiene una proyección ambiciosa para su negocio inmobiliario. La administración sacará 141,6 millones de euros en la subasta de inmuebles en propiedad.
Pero el verdadero regalo vendrá de la mano del proceso de optimización de los edificios de sociedades dependientes de la Generalitat que se realizará a través de subasta. Por este concepto, prevé hacer una caja de 288,1 millones de euros. En total, sacará de estas dos operaciones 429,7 millones.
Por su parte, la Comunidad de Murcia ha metido en un saco el Hospital de los Arcos, suelos urbanos y oficinas y las ha puesto en venta. Su idea es lograr 45 millones de euros. A esta cifra le añadirá los 151 millones de euros por la desinversión de 1.520 puntos de amarre privados en puertos con gestión pública. La suma de ambas transacciones reportará unos ingresos extraordinarios de 196 millones de euros.
El plan de Asturias con su parque inmobiliario es más modesto respecto a sus colegas. El Principado ha puesto en venta un paquete de viviendas públicas en régimen de alquiler por un importe de 102 millones de euros. Normalmente, los fondos inmobiliarios son los interesados en este tipo de productos por su rentabilidad.
También Extremadura quiere quitarse de en medio cartera de pisos sociales. Por eso, prevé desprenderse de un paquete que le llenará las arcas públicas con 96,6 millones de euros.
Estos son los principales planes de comunidades autónomas que se han puesto en marcha para sacar dinero de su patrimonio inmobiliario. Sin embargo, no debemos olvidar que hay otras administraciones que tienen marcadas en sus agendas estos procesos de desinversión como es el caso de la Generalitat de Cataluña o la Junta de Castilla-La Mancha.
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