El Consultivo avala el anteproyecto de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía

GRANADA, 07 (EUROPA PRESS)

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), con sede en Granada, ha dictaminado favorablemente el anteproyecto de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, que tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada.

Tras su estudio, el órgano consultivo entiende que la Comunidad Autónoma tiene competencia para dictar la ley, que el procedimiento de elaboración de la norma se ha ajustado a las previsiones legales, destacando el amplio acuerdo social e institucional resultante del proceso de información y participación pública, y, en cuanto a su contenido, formula observaciones de técnica legislativa, orientadas a una mejor sistemática y comprensión del texto normativo.

El texto normativo regula el conjunto de derechos y deberes de los titulares de las viviendas, así como las actuaciones que, para hacer efectivos los mismos, corresponden a las Administraciones Públicas Andaluzas y a las entidades públicas y privadas que actúan en el ámbito sectorial de la vivienda, informó el CCA en un comunicado.

Establece que el derecho a una vivienda digna y adecuada comporta la satisfacción de las necesidades habitacionales de sus titulares y de quienes con ellos convivan, de forma que se posibilite una vivienda independiente y autónoma, y se favorezca el ejercicio de los derechos fundamentales.

El propio anteproyecto de Ley establece en su articulado que las viviendas que se construyan en Andalucía tendrán que ser viviendas dignas y adecuadas, debiendo incorporar parámetros de sostenibilidad y eficiencia. A tal efecto, la ordenación territorial y urbanística deberá orientarse a la idoneidad de las dotaciones y equipamientos, mediante el cumplimiento de los estándares urbanísticos que en la legislación se establezcan.

Así, los edificios de viviendas se deberán planificar, proyectar, ejecutar, utilizar y conservar de tal forma que se cumplan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad establecidos por la normativa.

Con el fin de promover el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, el texto regula también las modalidades de ayudas para la vivienda protegida que deberán recoger los Planes de Vivienda y Suelo, tales como préstamos cualificados, subsidiaciones de los préstamos, ayudas para facilitar el pago de las cantidades entregadas anticipadamente a la adquisición de la vivienda, ayudas a promotores, o medidas para el desarrollo del suelo residencial con destino a viviendas protegidas.

Asimismo, los Planes de Vivienda y Suelo podrán promover otras medidas orientadas a favorecer el acceso a la vivienda libre y la mejora del parque residencial como incentivos para la salida al mercado de viviendas desocupadas, ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios o medidas para el desarrollo del suelo residencial.

El anteproyecto de Ley sometido a dictamen regula las Reservas de Suelo que podrá establecer la Administración de la Junta de Andalucía de manera justificada, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los planes de vivienda y suelo conforme a las previsiones de la legislación urbanística con destino preferente a viviendas protegidas, en cualquier clase de suelo.

El establecimiento de estas reservas conllevará la obligación del Ayuntamiento de incorporar los terrenos al instrumento de planeamiento aplicable. El texto legal también supone el control del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida como instrumento básico para la determinación de las personas solicitantes de la vivienda protegida, y que tendrá la consideración de base pública de datos.

Para promover la efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada, la actuación de las Administraciones Públicas Andaluzas, irá dirigida al fomento de la conservación, mantenimiento, rehabilitación, accesibilidad y sostenibilidad del parque de viviendas.

Por lo que respecta a la rehabilitación integral de barrios y centros históricos, las Administraciones Públicas Andaluzas podrán delimitar áreas de rehabilitación integral en barrios y centros históricos.

En cuanto a la protección jurisdiccional de los derechos, el anteproyecto de Ley establece que las personas titulares del derecho podrán exigir de las Administraciones Públicas el cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a una vivienda digna y adecuada de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado.