El nuevo baremo para la compra de vivienda protegida primará el alquiler, el ahorro y la tributación en Navarra

La Ley Foral del Derecho a la Vivienda modificará el sistema de adjudicación, a través de un censo de solicitantes

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Carlos Esparza, presentó hoy el anteproyecto de Ley Foral del Derecho a la Vivienda, que, entre otras novedades, adaptará el baremo único de compraventa a las sugerencias del Defensor del Pueblo y de otros colectivos, de manera que se prime el alquiler, la antigüedad de la cuenta-vivienda y los años de tributación en Navarra.

Por el contrario, no se penalizará a quienes interrumpan su empadronamiento en la Comunidad Foral por razones de estudio o trabajo y se eliminan puntuaciones vinculadas a la edad de los solicitantes.

Además, el nuevo baremo atenderá a colectivos cuya situación familiar, económica y de vivienda haya variado tras una separación, divorcio o disolución de pareja estable. Computarán los hijos, aunque no residan con el solicitante.

Otra novedad es la desaparición de las convocatorias públicas mediante campañas específicas. El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública VINSA, adjudicará las viviendas protegidas a los inscritos en un censo de solicitantes.

La inscripción se renovará cada cuatro años, pero los interesados deberán notificar las variaciones personales, económicas o familiares que afecten a la baremación, como máximo, a los dos meses de producirse, con riesgo de exclusión del censo. Los solicitantes podrán comunicar preferencias geográficas y de tipología.

Las viviendas protegidas que se promuevan no se adjudicarán a través de campañas específicas o anuncios sino que VINSA recurrirá al censo cuatro veces al año: 1 de marzo, 1 de junio, 1 de septiembre y 1 de diciembre. La adjudicación únicamente se realizará entre quienes figuren inscritos con una antelación de dos meses al inicio del proceso.

El anteproyecto, consensuado con el Partido Socialista de Navarra, también eleva los ingresos mínimos y disminuye los máximos para poder optar a una vivienda protegida, que sólo podrán ser o Vivienda de Protección Oficial (VPO) o Vivienda de Precio Tasado (VPT); endurece el régimen de control; y contempla medidas para el fomento del alquiler, entre otras medidas.

Además, el anteproyecto amplía con carácter general el estándar mínimo de vivienda protegida hasta el 70 por ciento para la Comarca de Pamplona. En el resto del territorio se mantiene el 50 por ciento.

PARTICIPACIÓN

Antes de su aprobación por parte del Gobierno de Navarra y su posterior remisión al Parlamento, el departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio va a abrir un periodo de participación pública.

El texto va a ser remitido a partir de hoy a agentes políticos, sociales y económicos de la Comunidad foral, según destacó el consejero en rueda de prensa, para "hacer realidad una ley con el mayor consenso posible de la sociedad Navarra".

Además, por primera vez, el proceso de participación también estará abierto a los ciudadanos, que podrán presentar sus sugerencias a través del correo electrónico nueva.ley.vivienda@navarra.es. El plazo es de 15 días y el anteproyecto está publicado en la página web del departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Con todas las aportaciones, se redactará el proyecto de Ley Foral, que también será pactado con el PSN. El anteproyecto fue consensuado con el socio presupuestario a principios de año, aunque algunas de las medidas se adelantaron a través de la Ley Foral de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Urbanismo, que será aprobada por el pleno del Parlamento el próximo 28 de mayo.

El consejero subrayó que esta ley trata de "perfeccionar" los avances que en su día logró la Ley Foral de Protección Pública a la Vivienda, de la pasada legislatura, que "marcó un hito en España y que contienen referentes que todavía no han sido alcanzados por el resto de comunidades autónomas, como son el baremo único, un método objetivo y transparente de adjudicación de vivienda que logró acabar con la arbitrariedad en la adjudicación, y la exigencia de destinar el 50% de vivienda a vivienda protegida en los planeamientos urbanísticos".