El Tribunal Supremo revisa mañana la condena al constructor Ávila Rojas por operaciones inmobiliarias en Marbella

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) revisará mañana la condena de ocho años de cárcel impuesta el pasado mes de julio por la Audiencia Provincial de Granada al constructor José Ávila Rojas por cuatro delitos consumados de defraudación a la Hacienda Pública en 2001 y 2002, en sendas operaciones inmobiliarias desarrolladas en Marbella (Málaga).

La sesión, que se celebrará a puerta cerrada, responde al recurso de casación presentado por el constructor granadino contra su condena. El ponente de la sentencia será el magistrado de la Sala de lo Penal Carlos Granados, y completarán el tribunal Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano, Francisco Monterde y Miguel Colmenero.

La sentencia de la Audiencia de Granada impuso dos años de prisión por cada uno de los cuatro delitos atribuidos a Ávila Rojas, aunque el cumplimiento efectivo será de seis años. Añadía que el constructor granadino deberá indemnizar a Hacienda con una cantidad superior a los cinco millones de euros, perdiendo, además, la posibilidad de recibir subvenciones e incentivos de la Seguridad Social por un periodo de cuatro años.

La sentencia de la Audiencia indicaba que "está fuera de toda duda" que Ávila Rojas ejerció de manera pública y notoria como profesional de la actividad inmobiliaria, a pesar de que "todo el esfuerzo defensivo ha sido negar su carácter de empresario" en la compraventa de dos fincas y que son generadoras del pago de los impuestos del IVA e IRPF, "que se han eludido".

Añadía, además, que la adquisición de las operaciones enjuiciadas no pueden equipararse a la adquisición de una finca por parte de un particular, "dadas las personas que intervienen --profesionales del sector--" y puesto que "difícilmente un particular está en condiciones de negociar un convenio urbanístico con un Ayuntamiento, sino es porque se dedique profesionalmente a la promoción inmobiliaria".

Así, en la sentencia se declara como hechos probados que José Ávila Rojas y la sociedad mercantil CCF 21 Negocios adquirieron el 22 de mayo de 2001 la finca conocida como Huerta de las Monjas, ubicada en Marbella, por unos tres millones de euros y que ese día la vendieron a la mercantil Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio S.L por 11,4 millones de euros.

Esta operación estaba sujeta al IVA, por lo que Ávila Rojas debía haber ingresado al erario público unos 918.000 euros y que, al no haber reflejado esta cantidad en sus autoliquidaciones de 2001, obtuvo una defraudación en la cuota del impuesto por una cantidad de 583.570 euros. De igual modo, con la reventa de esta finca obtuvo este mismo año una ganancia empresarial de 4,2 millones de euros que no fue declarada en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, obteniendo una defraudación en la cuota del IRPF de 1,9 millones de euros que tampoco reflejó.

En una operación posterior llevada a cabo el 29 de julio de 2002, el Tribunal considera probado que de nuevo el acusado y CCF 21 Negocios vendieron la finca 'Coto de los Dolores' a la sociedad Arenal 2000 S.L por 7,6 millones de euros --la adquirieron por 1,8 millones--, declarándose esta operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, según indica la sentencia.

No obstante, el 9 de octubre de 2002 se otorga nueva escritura y se acuerda elevar el importe inicial en 2,54 millones de euros, por lo que el precio de venta había quedado fijado definitivamente en 10,2 millones de euros, y no sujeto al IVA, con lo que eludió el pago de este impuesto y obtuvo, al no ingresar la cantidad que correspondía en el Tesoro, un beneficio de 823.000 euros.

Respecto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2002, el Tribunal considera que "se produjo un beneficio empresarial de 4,20 millones de euros, que debió incluir en la declaración del IRPF en vez de los 3,8 que reflejó, y, al no hacerlo, se produjo "un perjuicio para el erario público de 1,6 millones de euros".