Fomento pide información para identificar las VPO sin ocupar que hay en España

Hubo unos años en que los poderes públicos tuvieron tal volumen de disponibilidades presupuestarias que decidieron hacer política de vivienda.

En esos años, entre mediados de los 90 y el año 2008, municipios, comunidades autónomas y Estado promovieron la construcción de decenas de miles de viviendas protegidas, a precios reducidos para garantizar, decían, el derecho de acceso a la vivienda a las personas con menor nivel de rento en un contexto de incrementos fortísimos de precio en el mercado de vivienda libre.

Ahora que más de 30.000 familias pierden cada año su vivienda por su imposibilidad para hacer frente a la hipoteca y que la tasa de morosidad anuncia que este fenómeno se va a prolongar por años, resulta que no existe un inventario del parque de vivienda protegida (promovida o financiada con ayudas públicas) que está deshabitado.

Si lo sabemos es porque la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha revelado este lunes que ha solicitado la colaboración de las distintas comunidades autónomas para crear un registro de viviendas protegidas vacías y examinar su utilidad a la hora de paliar el problema de exclusión social que se está creando por la crudeza de la situación en el mercado hipotecario.

Lo ha dicho en la apertura de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, en la que también ha avanzado que se va a estudiar la creación de un procedimiento para facilitar la movilidad laboral.

La finalidad de este mecanismo es que las subvenciones a la vivienda se puedan seguir cobrando aun cuando la familia beneficiaria se mude a otra comunidad autónoma.

La reunión tratará también los criterios de distribución territorial del presupuesto para las subvenciones del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas para 2013-2016.

Dicho plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros a comienzos de abril, cuenta con una inversión cercana a los 2.500 millones de euros del Estado y supondrá la creación de 32.000 empleos gracias a las ayudas directas, lo que unido al efecto multiplicador elevará la creación de puestos de trabajo hasta los 105.000 empleos.

"Somos conscientes de que la situación económica no es fácil pero juntos se puede hacer más", ha subrayado la ministra, quien ha recabado la colaboración de los consejeros autonómicos en todos estos puntos, informa EFE.

El objetivo de este paquete de medidas es garantizar el acceso a una vivienda para paliar la situación de los colectivos más vulnerables, mejorar el estado de conservación y la calidad de las viviendas y la reconversión de un sector como el de la construcción.

Todo ello en un contexto marcado por un parque de 26 millones de viviendas (15 millones de ellas con más de 30 años y 6 millones con 50 años de antigüedad) y un mercado del alquiler que representa tan solo el 17 %, muy por debajo del 83 % de la vivienda en propiedad.