Junta hará una convocatoria para identificar las viviendas libres en stock y arbitrar productos financieros específicos

Pretende establecer "red de seguridad" para familias desahuciadas, a las que se dará ayudas para pagar el alquiler hasta que se recuperen

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía efectuará una convocatoria pública para identificar y hacer aflorar el stock de viviendas libres que reúnan una serie de requisitos en materia de precios y calidades, y que estén dedicadas a vivienda habitual, para poder dar salida a esas viviendas sin vender, arbitrando a su vez productos financieros específicos que permitan "reducir la cuota financiera durante los cinco primeros años, en una especie de gradación que suponga un estímulo para dar salida a esas viviendas libres nuevas".

Esta medida fue comunicada a sindicatos y empresarios por la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, tras reunirse con el consejero de Vivienda, y constituye una de las medidas sobre el plan de acceso a la vivienda en Andalucía, que permitirá desarrollar la Ley de Derecho a la Vivienda.

Martínez Aguayo esbozó estas medidas a los agentes sociales porque la Junta las concretará en el seno de la mesa de vivienda, que se reunirá la próxima semana. Con esas medidas la Junta pretende "favorecer la aplicación de la Ley de Derecho a la Vivienda en Andalucía, impulsar el sector de la construcción en el ámbito de la vivienda protegida y dar salida al parque de viviendas construidas".

De esta forma una de las medidas, que actuaría sobre la adquisición de vivienda libre destinada a residencial habitual, requiere de una convocatoria pública para aflorar el stock de viviendas libres sin vender que no sean de lujo pero tampoco VPO, con la idea de negociar las condiciones a aplicar a las mismas entre las entidades financieras, agentes sociales y Junta, para darles salida.

Las condiciones de esa convocatoria pública, que hará para promotores y entidades financieras que tengan activos inmovilizados, se negociarán en el seno de la mesa de vivienda de la próxima semana, para posteriormente comprobar qué entidades y empresas se adherirán a esas condiciones que se fijen y se concrete el stock de viviendas en las condiciones dictadas.

De esta forma, en función del número de viviendas afectadas, cuantos promotores y entidades se adherirán y las características de las viviendas y el nivel de renta de las familias, se concretarán varios productos financieros destinados a "facilitar temporalmente el pago de los préstamos hipotecarios a los que cumplan los requisitos que se establezcan".

Las entidades financieras crearán productos financieros "a la medida" que permitirá, según destacó la consejera, "reducir la cuota financiera durante los cinco primeros años, en una especie de gradación", con lo que se conseguirá, a su juicio, "un estímulo para dar salida al stock de viviendas que no son protegidas ni tampoco son de lujo ni segunda residencia".

Ademas, se arbitrará otras medidas "de carácter social", dirigidas a las familias que pueden perder su vivienda habitual por dificultades económicas, a las que también se aplicará algún producto financiero para que no pierdan su vivienda habitual, dándole facilidades para poder pagar la hipoteca.

Asimismo, se pretende establecer "una red de seguridad para atender situaciones de emergencia a familias desahuciadas o en embargo judicial, que han demostrado que son solventes y pagaban su vivienda hasta la crisis", de forma que se les daría ayudas para pagar el alquiler a aquellas que hayan perdido su vivienda hasta que se recuperen económicamente para afrontar el pago de su vivienda en propiedad.

Martínez Aguayo precisó que en lo que va de año se registraron 254 familias que sufrieron embargos y agregó que esta última medida puede beneficiar a unas 1.000 familias.

Tras reiterar que todas esas medidas se desarrollarán en concertación con los agentes sociales.

Asimismo, se pretende fomentar el alquiler con opción a compra, para lo cual la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) se compromete a adquirir un número de viviendas entre las que tengan dificultad para su venta y se las podrá alquiler a las personas que no hubieran conseguido financiación, pudiendo ejercer la opción de comprarlas en el plazo que se determine. Esta medida va dirigida a "facilitar a los promotores y constructores el acceso a la financiación de vivienda protegida y a los particulares el acceso a la financiación de VPO".

CEA PIDE NO LIMITAR EL ALCANCE DE MEDIDAS

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, consideró "prioritario" dar salida al stock de viviendas "para poder dinamizar el sector de la construcción".

En ese sentido, tras apuntar que "se pueden arbitrar muchas medidas, unas limitadas a grupos de empresas, y otras que abarquen la totalidad del sector", Herrero se lamentó de que "muchas de las medidas que se están adoptando pierden relevancia e importancia por las limitaciones de diverso ámbito, como en el tiempo y en los precios".

Consideró que esos condicionantes "limitan el efecto de las medidas, a veces de forma notoria, y convierten esas medidas e ineficaces; cuando más se limiten las medidas, más ineficaces serán", por lo que, a su juicio, en las circunstancias actuales "esos condicionantes deberían ser los más amplios posibles, pues si, por ejemplo, limitamos los precios de las viviendas a menos de 125.000 euros, al final dejaremos al margen un stock de vivienda importante".

Asimismo, el presidente de la CEA propuso que se reduzca el IVA de la vivienda, "que actualmente es del seis por ciento" y se haga un esfuerzo por parte de los promotores y administraciones "para conseguir dinamizar la venta de viviendas".

Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, mostró su disposición a discutir esas medidas en el seno de la mesa de vivienda "y especialmente evitar que haya personas que por no poder su hipoteca estén perdiendo la vivienda".

Carbonero espera que estas medidas puedan desarrollarse lo antes posible, pues "vendría a activar el sector y generar dinamismo y a paliar la situación de mucha gente que está en una precariedad tremenda y que, aunque puedan cumplir los requisitos, no reciben crédito por parte de las entidades bancarias".

Por último, el secretario de Organización de UGT-A, Francisco Fernández, que expresó su coincidencia con CCOO-A destacó la importancia de la Ley de Derecho a la Vivienda y de dinamizar el sector de la construcción.

Además exigió a la Junta la necesidad de que se apruebe en breve la orden que desarrolle el registro de demandantes en los municipios, que ya está consensuada "pero que sería necesario aprobar de forma inmediata para empezar con el desarrollo de la Ley y con el propio registro de demandantes".