Un elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) establece que el nivel de impago por morosidad soportado por las comunidades de propietarios en Castilla y León disminuyó, en el ejercicio 2016, en un 8,48 por ciento respecto al año anterior, alcanzando un importe de 75,90 millones de euros, mientras que en el conjunto de España la bajada se situó en el 8,5%, hasta los 1.665,90 millones.
Respecto a la morosidad bancaria, ésta disminuido en la Comunidad un 11,86% hasta colocarse en 15,32 millones (17,38 millones el año anterior). En el conjunto del país, el descenso fue del 12,20%, alcanzando los 330,80 millones de euros en 2016 frente a los 376,78 millones de euros de 2015.
Aunque la morosidad baja en todas las Comunidades Autónomas, los mayores descensos se han producido en Melilla (-9,90%), Ceuta (-9,10), Asturias (-9,56); Cantabria (-8,74), Castilla-León (-8,48%); Castilla-La Mancha (-8,20); Andalucía (- 8,05%), Galicia (-8,4%), Madrid (-8,10%), Navarra (-8,29%), y País Vasco -8,86%- .
El resto de Comunidades Autónomas ha sufrido un descenso de la morosidad superior al 7%.
Una nueva Ley de Propiedad Horizontal es necesaria para seguir combatiendo la morosidad en comunidades de propietarios, porque aunque los datos muestran una disminución de lo que se adeuda, aún el 39,9% de las comunidades de propietarios tienen morosos, y el porcentaje de las comunidades de propietarios en las cuales las entidades financieras tienen pagos pendientes alcanza al 7,29%.
FRENO A LA REHABILITACIÓN Y ACCESIBILIDAD
En el año 2013 entró en vigor la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación de espacios urbanos, con el objetivo de fomentar la rehabilitación obligatoria de aquellos edificios que superen los 50 años al llegar al año 2018, rehabilitación que conllevaría un importante ahorro energético en los edificios.
Rehabilitar un parque de más de 25 millones de viviendas donde la mitad de ellas tiene más de 30 años, y una quinta parte, más de 50 años, es realmente difícil con la morosidad existente.
Tampoco podrán asumir los propietarios las medidas de accesibilidad en los edificios que establece, expresamente, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión Social, que establece que los edificios existentes deben adecuarse a las condiciones de accesibilidad antes del 4 de diciembre de 2017.
Es decir, que debido a la morosidad aún existente, muchas comunidades de propietarios no podrán rehabilitar ni hacer accesibles sus edificios como estipulan dichas normativas, un problema, sin duda alguna, de la máxima incidencia para los ciudadanos y para la mejora del parque inmobiliario, según CGCAFE.
Contar con los servicios de un Administrador de Fincas Colegiado garantiza que todos los trámites y formalidades necesarias cuando hay que hacer una reclamación a un propietario moroso se cumplen.
Sin embargo, para aquellas comunidades de propietarios que no pueden acceder a este servicio, se ha elaborado un decálogo que se puede consultar en esta dirección: http://www.cgcafe.org/wp-content/uploads/2015/12/consejos- contra-la- morosidad.pdf
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