Vivienda podría imponer una multa de hasta 3 millones de € a Dehesa Ensanche de Vallecas si se demuestran sopreprecios

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid podría imponer una multa de hasta 3,18 millones de euros a las promotoras Análisis Social de Gestión S.L. (ASG) y Serproge S.A, que participan en la comercialización de las viviendas construidas por la cooperativa Dehesa del Ensanche de Vallecas, si se demuestran presuntas irregularidades en el cobro de sobreprecios en la venta de pisos, indicaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Vivienda.

Según informó el periódico 'La Razón', un total de 53 vecinos del número 8 de la calle Embalse de Valmayor se inscribieron como socios en la cooperativa y se vieron obligados a firmar un primer contrato, visado por la Comunidad con los precios máximos legales de los pisos, y un segundo establecido con los precios de la cooperativa, que suponían sobreprecios de en torno al 30 por ciento debido a la inclusión de una segunda plaza de garaje. Los afectados afirman que detrás de las supuestas irregularidades se encontraría el apoderado de AGS, Félix Palomo.

Durante la rueda de prensa celebrada hoy tras el Consejo de Gobierno regional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció que el departamento que dirige Ana Isabel Mariño ha abierto un expediente de oficio para comprobar el asunto. "No es una cuestión de relaciones familiares, sino una cuestión muy seria de fraude", manifestó Aguirre, respecto a la relación sentimental de la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, con Palomo.

Por el momento, la Consejería de Vivienda ha concedido un plazo de 10 días a los responsables de las promotoras denunciadas para que aporten toda la información que les soliciten. Entonces, la Dirección General de Vivienda estudiará esta documentación y recabará datos relacionados con esta cuestión.

Si los técnicos regionales confirman las acusaciones de los propietarios de la cooperativa, la Comunidad pasará de las diligencias previas al expediente sancionador. De este modo, aplicaría el artículo 8.A de la Ley 9/2003 del régimen sancionador de vivienda protegida, que fija este tipo de actuaciones como una infracción grave, con sanciones de entre 6.000 y 60.000 euros por viviendas en las que se haya cobrado un sobreprecio ilegal. Además, la normativa obligaría a las promotoras a devolver ese incremento del coste a los adquirientes de la propiedad.

El departamento que dirige Ana Isabel Mariño ha afirmado que el Gobierno regional lleva desde hace muchos años controlando este tipo de fraudes y que practica "tolerancia cero" con los artífices de estafas en la venta ilegal de vivienda. Por ello, invita a todos los ciudadanos madrileños que hayan sufrido abusos de este tipo a acudir a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad, situada en la madrileña calle Maudes, para denunciarlos.