Despedir con 20 días ya es más común que hacerlo con 45 tras la reforma laboral

Hasta el año pasado la mayoría de los trabajadores que eran despedidos en España se iban a casa con el reconocimiento por parte de la empresa de que su decisión había sido improcedente y con una indemnización debajo del brazo que podía oscilar entre 33 y 45 días por año trabajado en función del tipo de contrato que tuviera el trabajador.

La reforma laboral ha arramblado con este patrón. Según la información recabada por Sagardoy Abogados, uno de los despachos de referencia del derecho laboral en España, en 2012 el número de empleados que fueron despedidos a través de un ERE o por causas objetivas, circunstancias en las que se contempla una indemnización legal de 20 días por año, superó por primera vez en lustros a los que resultaron despedidos de manera improcedente con 45 días de indemnización.

La consecuencia ha sido un significativo abaratamiento del coste de despedir para los empresarios, que, según los datos del INE, se ha reducido en torno a un 20% desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

No se puede decir que el abaratamiento del despido no fuera uno de los objetivos perseguidos por la reforma impulsada por el Gobierno.

La principal palanca para lograrlo era el despido objetivo por razones económicas, organizativas, técnicas o de la producción, que, esencialmente, dejaba en 20 días, con un máximo de 12 mensualidades, la indemnización estándar en los procesos de ajuste de plantilla de las empresas españolas.

Antes de la aparición de esta figura, el marco más habitual era la indemnización por despido disciplinario improcedente, que preveía entre 33 y 45 días de indemnización, con un techo máximo de compensación de 24 y 42 mensualidades, respectivamente.

Antes de que se desencadenara esta crisis, allá por el año 2007, tres de cada cuatro despidos que se producían en España eran improcedentes y con indemnizaciones de entre 33 y 45 días. La suma de los despidos por causas objetivas y como consecuencia de un ERE apenas superaban el 10%.

La crisis varió algo este panorama. Lógicamente, se incrementaron los ERE y los expedientes de despido asociados a causas objetivas o económicas, pero el despido improcedente continuó siendo la forma más común de ajuste de plantilla y más de la mitad de los despidos seguían respondiendo a este modelo.Abaratar la factura de la reestructuración

El abaratamiento del despido lleva siendo un tema central del debate laboral en España desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. De hecho, no ha habido una sola reforma de la legislación laboral en democracia que no haya sido tachada de instrumento para conseguir ese objetivo.

Sin embargo, sólo la reforma afrontada por el Gobierno de Rajoy ha situado el abaratamiento del despido como un objetivo explícito.

La argumentación gubernamental en este punto era difícilmente atacable. Si las empresas reducen plantilla porque están asfixiadas económicamente, no tiene mucho sentido que la legislación establezca un coste tan elevado para esa reestructuración de plantilla.

Según el Bufete Sagardoy, del mismo modo que en otros aspectos del mercado laboral, como el estímulo a la contratación o la reducción de la temporalidad, los efectos no están siendo muy evidentes, en este "sí parece estar teniendo efectos, por cuanto se están reduciendo el número de improcedencias reconocidas".

El bufete compara los ejercicios de 2009 y 2012 para hacer más evidente el cambio operado.

En 2009, el peor año de la crisis para el mercado laboral, con una destrucción neta de 1,2 millones de puestos de trabajo, cuando "parece razonable pensar que las causas económicas se acreditarían con cierta facilidad", más de la mitad de los despidos de trabajadores con contrato en vigor (la mayoría de los empleos destruídos fueron contratos temporales que no se renovaron) fueron reconocidos como improcedentes y apenas uno de cada diez fueron objetivos.

Este año, en el que se han perdido más de 850.000 empleos, con el nuevo marco regulatorio el porcentaje de despidos improcedentes no ha llegado a un tercio del total y ha sido algo inferior al agregado de despidos objetivos o como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo, para los que la ley prevé una indemnización de 20 días por año.

Las consecuencias de este nuevo escenario son constatables y medibles. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística las mide con carácter trimestral dentro de la Encuesta Trimestral de Coyuntura Laboral y la conclusión es rotunda.

Mientras el año pasado la indemnización media por despido por trabajador rondaba los 11.000 euros, desde la aprobación de la reforma laboral ésta ha caído hasta los 9.000 euros.