Entre enero y septiembre de 2012, 332.842 trabajadores se han visto envueltos en algún tipo de regulación de empleo; de ellos 56.020 han acabado perdiendo su puesto de trabajo, según el balance publicado ayer por el sindicato Comisiones Obreras.
El resto, un 84% del total, han continuado vinculados a la empresa de un modo u otro, bien porque han llegado a un acuerdo para reducir su jornada, bien porque se han acogido a un plan de suspensión temporal del contrato a la espera de que la actividad de la compañía se recupere.
Las cifras dicen, por ejemplo, que sobre la cifra total de trabajadores afectados el 16,8% (56.020) acabó perdiendo de forma definitiva su puesto de trabajo; mientra que en dos de cada tres casos (212.856 trabajadores) el expediente se sustanció en la suspensión temporal de la relación laboral y en un 19,2% (63.966), tuvo como efecto la reducción de la jornada laboral.
Es interesante observar la evolución de esta casuística frente al año anterior.
La cifra total de trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo se incrementó un 53,5%, como consecuencia en buena medida del empeoramiento de la situación económica que también se ha traducido en un incremento del desempleo.
Sobre ese incremento global, la cifra de trabajadores que acabaron perdiendo su puesto de trabajo tuvo una evolución sensiblemente más moderada (23,1%), mientras que las suspensiones temporales y las reducciones de jornada ganaron incidencia, incrementándose en un 67,8% y en un 43,9%, respectivamente.
CCOO hace hincapié en que, tras la reforma laboral, el numero de ERE tramitados se ha incrementado un 70,3% y el volumen de afectados en un 53,5% en relación al mismo periodo del año precedente; y en que el número de regulaciones de empleo cerradas sin acuerdo prácticamente se ha duplicado.
No obstante, de los 21.713 procesos autorizados o comunicados en los nueve primeros meses de 2012, el 90% del total fueron pactados.
En cuanto al perfil sectorial, el 53,7% de los trabajadores que sufrieron un ERE en 2012 pertenecen a la industria; el 34,8% a empresas de servicios; un 10,5% a sociedades constructoras; y apenas un 0,9% al sector agrario.
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