Competencia amplía la investigación sobre el sector del vino fino de Jerez a tres nuevas bodegas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha ampliado la investigación que desarrolla sobre un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios en el sector del vino fino de Jerez a tres nuevas empresas, Bodegas Caydsa, Bodegas J. Ferris y Bodegas Pedro Romero, informó hoy el organismo que preside Luis Berenguer.

La CNC abrió expediente sancionador el pasado julio a Bodegas Williams&Humbert, Bodegas González Byass, Bodegas Emilio Lustau, Complejo Bodeguero Bellavista S.L.U. y Zoilo Ruiz Mateos, Bodegas José Estévez, Bodegas Antonio Barbadillo, y Federación de Bodegas del Marco de Jerez (Fedejerez).

En el marco de instrucción del citado expediente, inspectores de la Dirección de Investigación del organismo realizaron el 16 de julio de 2008 inspecciones en distintas empresas del sector del vino fino de Jerez, así como en la asociación del sector, "bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en acuerdos y/o prácticas concertadas de reparto de mercado y fijación de precios".

El objeto de las inspecciones fue verificar la existencia, en su caso, de actuaciones de las empresas implicadas que podrían constituir prácticas restrictivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y consistentes en acuerdos para el reparto del mercado y la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio, así como verificar que los citados acuerdos se habían llevado a la práctica.

Según la CNC, la Dirección de Investigación "ha tenido conocimiento de determinada información" de la que se deduce la participación de otros presuntos responsables en estas "prácticas colusorias", por lo que ha acordado la ampliación del acuerdo de incoación por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en la LDC y en el Tratado de la Comunidad Europea a Bodegas Caydsa, Bodegas J. Ferris y Bodegas Pedro Romero.

Pese a la ampliación del expediente, se mantiene vigente el plazo máximo de 18 meses iniciado el pasado 15 de julio para la instrucción del expediente y para su resolución por la Comisión Nacional de la Competencia, sin que la incoación prejuzgue el resultado final de la investigación.

Si se demostrara la existencia conductas restrictivas, éstas constituirían una infracción muy grave que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.