En 2011, el recién estrenado primer Gobierno de Artur Mas autorizó hasta cuatro emisiones de bonos patrióticos, sin informar en ningún momento que la deuda de la comunidad catalana se asomaba al abismo del bono basura, nivel al que tristemente terminó cayendo el pasado mayo.
Más grave es que, apenas tres semanas antes de que Moody's cumpliera su amenaza y dejara a la deuda soberana catalana fuera del grado de inversión, el Ejecutivo catalán aprobara la última colocación que, al menos por el momento, ha llevado a cabo entre particulares.
En total, el Gobierno de CiU ha captado 9.714 millones entre pequeños ahorradores, un dinero que, como advirtieron algunas voces en su momento, Mas está siendo incapaz de devolver por sus propios medios y está teniendo que recurrir al fondo de rescate autonómico para evitar un escándalo de dimensiones superiores a las preferentes.
Para hacerse una idea del volumen que suponen esos casi 10.000 millones basta compararlo con el dinero que tiene colocado el Tesoro español entre inversores minoritarios de todo el territorio nacional: casi el doble, ya que según los últimos datos disponibles, que recogen hasta noviembre de 2012, los particulares tienen invertidos 5.816 millones de euros en letras, bonos y obligaciones españoles.
Un año de frenética actividad
El maná que creyó haber encontrado Mas en bonos patrióticos le llevó a cerrar hasta seis emisiones en apenas un año que, para colmo de males, se llevaron a cabo sin advertir en ningún momento de la delicada situación que atravesaba la deuda de la región.
El Gobierno catalán quedó libre de tener que informar con detalle sobre los riesgos gracias a que las emisiones de la comunidades autónomas quedan fuera de la supervisión de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y, por tanto, se deja al libre albedrío el grado de transparencia que quiera ofrecer cada Ejecutivo regional.
En concreto, en abril de 2011, Cataluña aprobó dos emisiones destinadas a pequeños ahorradores que, inicialmente, buscaban conseguir 1.302 millones a 12 meses y 558 millones en 24 meses. No obstante, ambas dejaron abierta la puerta a posibles ampliaciones, que se hicieron realidad un mes más tarde, cuando se terminaron adjudicando 2.233,8 millones a un año, y 960 millones a dos años.
Apenas seis meses después, en noviembre de 2011, justo cuando venció la emisión de bonos patrióticos del Gobierno tripartido de José Montilla, el nuevo Ejecutivo de Mas decidió coger el guante y adjudicar otros 4.220 millones.
De esta cantidad, 2.639,48 millones se colocaron a 12 meses y, por tanto, vencieron a finales del pasado ejercicio, sin que el Gobierno catalán tuviera dinero para hacerle frente, lo que le llevó a pedir el rescate del Ministerio de Hacienda, que financió la devolución con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Los otros 1.581,46 millones colocados en noviembre del pasado ejercicio se adjudicaron a un plazo de 24 meses, lo que significa que vencerán a finales de este ejercicio. Para entonces, el Ejecutivo catalán confía en contar con una nueva inyección del Estado, que podría superar los 8.000 millones de euros.
La última emisión de bonos patrióticos llevada a cabo por el Gobierno de Mas fue el pasado mes de abril, cuando colocó otros 2.300 millones entre pequeños ahorradores, de los cuales, 1.531 millones se adjudicaron a 12 meses, por lo que vencerán el próximo mes de abril y necesitarán también de la citada segunda inyección que hará el FLA.
Los otros 781,5 millones de euros seguirán estando en circulación hasta abril de 2014. ¿Podrá Mas entonces hacerle frente por sus propios medios?
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