Los políticos tienen una relación próxima a la esquizofrenia con los servicios de estudios y los organismos internacionales que hacen previsiones económicas como el FMI o la Comisión Europea. La credibilidad y certidumbre que conceden a sus cálculos y recomendaciones mientras están en la oposición se convierten en un descrédito casi compasivo cuando aterrizan en el Gobierno.
Si cuando están en la oposición las aproximaciones de éstos a la realidad económica del país, en ocasiones demasiado gruesa, son un ejemplo de distancia y objetividad, una vez en el Gobierno las desprecian por obviar aspectos que consideran absolutamente relevantes.
La presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno suele generar un gran tráfico de comparaciones entre las previsiones del Gobierno y las que presentan diferentes organismos y servicios de estudios, casi siempre más pesimistas.
El rango más habitual de la desviación entre ambas de cara a 2013 es de un punto del PIB (el consenso de los servicios de estudios prevé una caída del 1,5% en la economía en 2013, mientras el Gobierno prevé un -0,5%), algo más de 10.000 millones de euros, y ha desatado todo un aluvión de críticas al Gobierno por la falta de realismo de sus previsiones económicas y, por extensión, también de las presupuestarias.
Para el Ministerio de Hacienda, sin embargo, no hay discrepancia alguna. ¿La razón? El paquete legislativo de 43 leyes que el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros y cuyo desarrollo se prevé para el próximo semestre.
Según el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, la diferencia entre las previsiones de los organismos de estudios y las suyas propias se explican fundamentalmente porque las previsiones de los economistas no han tenido en cuenta el impacto de este paquete de medidas, "que lo tendrá", subrayó el cargo de Hacienda, sobre el PIB.
¿Qué hay en esas leyes para movilizar semejante volumen de actividad económica, nada menos que 10.000 millones de euros?
Pues, según la información presentada por el Gobierno, lo siguiente:
- Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Su objetivo es mejorar el marco regulatorio y remover los obstáculos que, a juicio del Gobierno, impiden la libre circulación de bienes y la libre prestación de servicios a lo largo y ancho del territorio nacional.
- Reforma del Sector Público. El Gobierno tiene pendiente rematar su diagnóstico sobre las duplicidades existentes en la acción de los distintos niveles de la Administración Pública y actuar en consecuencia, como aseguró que iba a hacer. Otra herramienta será la ley de racionalización del sector público local que impulsará las mancomunidades y los consorcios de servicios para compartir el coste de los servicios y ahorrar recursos.
- Plan para Emprendedores. Pretende abrir cauces alternativos de financiación al margen de la banca para las pymes y favorecer su internacionalización, entre otras medidas dirigidas a impulsar y cuidar el sector de la pequeña y mediana empresa.
- Reformas estructurales. El cuarto gran eje de esta estrategia son las reformas estructurales: la de la educación, la de las pensiones y la laboral.
La reforma de la educación ya ha sido aprobada y ahora no hay más que esperar a su tramitación, que podría confirmar, por cierto, la eliminación de la asignatura de Economía que plantea el proyecto.
La reforma laboral ya está planteada y vigente, pero el Gobierno pretende darle una nueva vuelta de tuerca en su desarrollo.
Finalmente, la reforma de las pensiones cuyo contenido o, al menos, la propuesta del Gobierno se conocerá en las próximas semanas cuando se presente ante la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Más que generar actividad económica, de esta última reforma se espera que alivie el gasto público del Estado.
Previsión de ingresos
Hacienda también tiene argumentos para defenderse de la otra gran crítica general que se le hace a sus Presupuestos para 2013: la supuestamente ilusoria previsión de ingresos, tanto para el próximo año como incluso para este.
En su opinión, la previsión de ingresos se va a cumplir sin problemas y será así porque los analistas, una vez más, no han tenido en cuenta un pequeño detalle que se da este año y que no se ha dado otros.
Al parecer en 2012, por diferentes razones, entre las que desde Hacienda detallan la entrada en vigor de la subida del IVA y la previsible caída en el ritmo de las devoluciones en los principales impuestos (que en la primera mitad del año fue superior al habitual y ha restado 3.500 millones a la recaudación), el 30% de los ingresos se concentrará en el último tramo del año.
De confirmarse semejante flujo de recursos de última hora, entre los que Hacienda continúa esperando contar con los 2.500 millones de la amnistía fiscal, el Gobierno lograría cuadrar unas previsiones de ingresos cuyo cumplimiento a día de hoy muchos cuestionan.
El cumplimiento de la previsión de este año proporcionaría también un barniz de credibilidad a la previsión del año que viene.
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