El tribunal de cuentas cuestiona la política de contratación laboral en la biblioteca nacional

El Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe de fiscalización de la Biblioteca Nacional (BN) en el que critica el excesivo uso de la contratación externa de trabajadores que ha hecho la institución.El organismo fiscalizador ha analizado la gestión de la BN en los ejercicios 2011 y 2012 y ha puesto el acento en el aspecto laboral, con la conclusión de que “es particularmente necesario incrementar los medios personales propios de la entidad”.Entre 2010 y 2013, la Biblioteca Nacional suscribió un total de 98 contratos para la prestación de servicios bibliotecarios, por importe de 26,4 millones de euros. Los trabajos contratados correspondían a tareas propias del organismo y fueron realizadas en sus dependencias, por lo que fue la Biblioteca Nacional la que se hizo cargo de los consumos por la utilización de sus instalaciones y equipos informáticos. El personal externo representó, en el periodo analizado, entre el 43% y el 49% del total de los recursos humanos destinados a tareas de proceso técnico, “lo que evidencia el carácter estructural de las carencias de medios personales de la Biblioteca”. El tribunal subraya que la contratación externa de estos servicios implica un menor control en la selección y formación del personal, además de plantear problemas de gestión derivados de la alternancia que se produce con cada nueva contratación.El análisis sobre la razonabilidad en términos estrictamente económicos de la contratación externa reveló que, en los ejercicios 2011 y 2012, “el coste medio de los empleados externos fue más alto que el de los propios de la biblioteca, mientras que en 2013 se dio la situación contraria, como consecuencia de las menores disponibilidades presupuestarias”. “El Tribunal de Cuentas calculó que el coste de sustituir a los trabajadores externos contratados, en 2013, por personal propio de la Biblioteca Nacional de categorías similares, era inferior en 365.475 euros a la cantidad abonada por la prestación de servicios contratados en dicho periodo”, señala el informe. En 2012, la Biblioteca Nacional se vio obligada a abonar 32.339 euros a dos trabajadores, pertenecientes a empresas contratadas, que habían presentado demandas de fijeza y a los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció el derecho a la readmisión en la entidad o al abono de una indemnización. Por estos motivos, el informe recoge en su apartado de recomendaciones una sugerencia para que se aumente la plantilla del centro.El tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda también apunta que la Biblioteca Nacional carecía de sistemas de valoración del grado de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de sus fondos bibliográficos, así como de información sobre los costes de los servicios y actividades de sus departamentos y unidades.En los ejercicios fiscalizados la entidad tampoco disponía de planes de compras que concretaran, para un periodo de tiempo determinado, los objetivos de su política de adquisiciones.