Las ayudas públicas concedidas a los dos proyectos fallidos de automoción vascos impulsados en diferentes modalidades por los gobiernos de Rodriguez Zapatero en la Administración central, y por Juan José Ibarretxe y Patxi López en los Ejecutivos vascos, han merecido un severo correctivo por el órgano fiscalizador del Estado, el Tribunal de Cuentas.
Según el informe, las diferentes Administraciones públicas concedieron a Epsilon Euskadi, "apoyos económicos de diferente naturaleza por un importe de 27,9 millones de euros (además de otros de naturaleza no cuantificable directamente), en el periodo 2003-2011".
Por otra parte, la Asociación de Investigación Tecnológica y Aerodinámica Epsilon Euskadi fue beneficiaria de 3,5 millones de euros en subvenciones concedidas, por lo que al proyecto de impulso del automovilismo de competición (mediante la creación de un prototipo) en el País Vasco, se destinaron, al menos, 31,4 millones de euros, señala el tribunal.
De los fondos concedidos, 2,5 millones no se llegaron a abonar por el concurso de Epsilon Euskadi, declarado en 2011 por auto del Juzgado de lo Mercatil núm. 1 de Vitoria, y confirmado como culpable por la Audiencia Provincial de Álava en 2014.
El proyecto del coche eléctrico Hiriko mereció ayudas de 14,7 millones de euros por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuya titular era Cristina Garmendia. La ministra de Rodriguez Zapatero concedió a los promotores de Hiriko (la asociación Afypaida en especial), 14,7 millones de euros: 5,7 millones en 2010, y 9 millones en 2011.
El lehendakari del gobierno vasco era entonces el actual presidente del Congreso, Patxi López, cuyo gobierno concedió al proyecto Hiriko 2,4 millones de euros. En total, por tanto, 17,1 millones.Múltiples irregularidades
El informe denuncia en primer lugar, tanto en el ambicioso proyecto de Fórmula 1, como en el del utilitario eléctrico Hiriko, que ninguna Administración pública remitió a las Base de Datos Nacional de Subvenciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, información relativa a las subvenciones y ayudas concedidas.
A continuación, las 76 páginas del informe (que incluye además decenas de páginas con alegaciones presentadas por los afectados), suponen una dura crítica a la multitud de irregularidades detectadas en las Administraciones públicas que las concedieron.
De los indicios de presuntos fraudes en el uso de las ayudas se ha encargado la Fiscalía, que ha presentado una querella contra los promotores de Hiriko, un coche eléctrico que no arrancó en su presentación en Bruselas a primeros de 2012.
Pero la investigación administrativa ha concluido ahora y sus conclusiones son demoledoras.
Por ejemplo, el informe destaca que "la Administración del Estado concediera un préstamo reembolsable en 2007 de 11,8 millones de euros, sin que respondiera a ninguna de las modalidades admitidas por la norma reguladora, así como que no se establecieran garantías al abonar una subvención nominativa de 1,5 millones de euros en 2010 pese a su carácter prepagable y a la actividad discontinua de la Asociación" (se refiere a la Asocación de Investigación Tecnológica y Aerodinámica Epsilon Euskadi).
En cuanto a las ayudas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Tribunal de Cuentas subraya que en 2004, la agencia de desarrollo empresarial del Gobierno vasco (SPRI, filial Sprilur) "suscribiera un arrendamiento, con opción de compra, de unos pabellones adquiridos por 2,6 millones (en Azkoitia) sin la existencia de informes que justificaran en la operación, y que las subvenciones concedidas, en 2009 y 2010, se pagaran sin exigir la constitución de garantías, así como que la documentación justificativa resultara insuficiente y que se concedieran, en 2010, dos ayudas a proyectos que no debieron ser objeto de subvención por importe de 349.000 euros".Subvenciones de Ciencia e Innovación
De particular interés resultan los apuntes del Informe fiscalizador a las subvenciones concedidas por el Ministerio de Ciencia e Innovación al proyecto del coche utilitario Hiriko, 14,7 millones de euros entre 2010 y 2011.
"Debe destacarse el hecho -según el Tribunal de Cuentas-, de que en el pago de las subvenciones nominativas estatales de 2010 y 2011 por importe de 14,7 millones de euros no se exigiera ningún tipo de garantía ni se señalara la línea o programa de investigación donde se enmarcaba".
Como es conocido, el denominado equipo 'Smart cities, del MIT-Media Lab (Massachussetts Institute of Technology), había presentado una maqueta robotizada del vehículo eléctrico en Madrid. Responsables del proyecto, tras el fiasco de la presentación en Bruselas, aseguraron que se habían quedado sin dinero por culpa de la crisis.
En cuanto a la Comunidad Autónoma del País Vasco, "concedió subvenciones de 2010 a 2012, pagando 2,4 millones de euros, a pesar de que la evaluación de la propuesta presentada ofrecía conclusiones que cuestionaban de forma significativa la concesión de la ayuda, se superó el porcentaje de subvención máximo previsto en la Orden reguladora y la documentación justificativa fue deficiente, estando indebidamente justificados gastos por al menos 204.000 euros", según el Informe.Alegaciones
El Tribunal de Cuentas incluye al final las alegaciones presentadas en su momento al Anteproyecto de Informe por las siguientes empresas e instituciones: Cersa, Diputación Foral de Alava, Diputación Foral de Guipúzcoa, Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Además, se incluye en primer lugar una carta de la ex ministra Cristina Garmendia, entonces titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, fechada el pasado 26 de octubre.
Garmendia señala que el 21 de diciembre de 2011 cesó como titular de un Ministerio de Ciencia e Innovación que ya es extinto, y que por tanto no tiene acceso a sus órganos directivos ni a sus archivos, porque se ha reincorporado a la actividad privada. Remite por tanto a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Investigación.
El Tribunal de Cuentas señala, respecto a los 5,7 millones de euros concedidos en 2010, que "tras las alegaciones presentadas por el beneficiario, se consideraron justificados 2.672 miles de euros de los 5.750 miles de euros del presupuesto a justificar, un 46% del total". Es decir, más de la mitad de esta subvención no ha sido justificada por sus receptores.Querella contra Afypaida
Afypaida (Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción), que canalizó numerosas subvenciones en el proyecto Hiriko, está en concurso desde 2015, señala el Tribunal de Cuentas.
En paralelo, como se ha señalado, la Fiscalía de Álava ha presentado el año pasado una querella contra los promotores de Hiriko, informo Efe hace diez días.
El fiscal jefe de Álava ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria más de treinta carpetas con la documentación recabada hasta ahora en la "compleja y exhaustiva" investigación desarrollada por la Fiscalía y la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza. La querella va dirigida contra responsables de Afypaida, "empresa matriz" del proyecto, así como contra directivos de otras firmas que dependían de esta agrupación.Recomendación del presidente del Tribunal
El Informe, firmado por Ramón Alvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, formula seis Recomendaciones a las Cortes y a los diversos órganos administrativos y politicos.
Para los que pudieran pensar que la transparencia en España es un asunto prácticamente hecho, transcribo la última de ellas. De su lectura, se desprende una premisa principal: sí hay que establecer "controles eficaces", es que no los hay.
Esto dice Alvarez de Miranda: "Las distintas Administraciones públicas deben establecer controles eficaces que impidan que determinadas entidades de ellas dependientes efectúen operaciones que no se incluyan en su objeto, que no cuenten con las preceptivas autorizaciones o que no incluyan los correspondientes informes o justificaciones de su realización, exigiendo las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de producirse estas circunstancias. Igualmente, deben vigilarse las modificaciones que se establezcan en las condiciones de las ayudas concedidas o los convenios adoptados, de manera que se cumplan los trámites correspondientes y se incluyan todos los informes que justifiquen adecuadamente las mismas".
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