Se presenta el informe más catastrófico sobre la 'Cataluña independiente'

"Cataluña no sobreviviría", su situación económica "sería catastrófica", la renta de sus ciudadanos "caería de forma descomunal", sería, en fin, como si "un meteorito cayera sobre los catalanes"; así es como ve el Instituto de Estudios Económicos (IEE), una especie de think tank de la organización empresarial CEOE, el escenario que se daría en Cataluña en el caso de que decidiera unilateralmente independizarse de España.

Las cifras del futurible drama se detallan en el documento "La cuestión catalana, hoy", un informe encargado por el presidente del IEE, José Luis Feito, a un grupo de siete economistas, que concluye que un eventual Estado Catalán Independiente no sería viable ni económica ni financieramente.

El informe estima, por ejemplo, que la independencia volatilizaría una quinta parte del PIB catalán, las pérdidas de empleo se contarían por cientos de miles, las exportaciones hacia España y Europa caerían un 50% y la salida de la Europa del euro no sólo comprometería su capacidad para financiarse en los mercados, sino que generaría subidas de la inflación no vistas en los últimos 25 años.

Y éstos sólo serían los costes, digamos, directos de la independencia, los que se derivarían de la eventual salida de Cataluña de la Unión Europea y, por tanto, de la pérdida de las ventajas comerciales que un espacio de libre circulación de capitales y mano de obra como el proyecto europeo supone.

Porque, según el Instituto de Estudios Económicos, a estos costes habría que añadir los derivados de la factura que la España escindida debería pasar a Cataluña en concepto de servicios prestados.

Factura de la independencia

¿A qué se refiere exactamente el IEE con hacer pagar a Cataluña una factura por la independencia? En primer lugar, a valorar el eventual beneficio obtenido por la región de las infraestructuras y servicios prestados por el Estado español en el territorio, lo que el informe define como stock de capital neto.

El informe estima en 80.177 millones de euros el capital público acumulado en Cataluña en el año 2005. A esta cifra habría que añadir el valor generado por infraestructuras de financiación estatal tan potentes como el AVE y la nueva terminal de El Prat.

Y una vez realizada la cuenta habría que determinar un modelo de reparto según el cual Cataluña tendría que abonar a España una compensación por las infraestructuras y servicios derivados de la acción estatal en el futurible país independiente.

La otra gran partida de esa factura por la independencia la constituiría el reparto de la actual deuda pública que arrastra España,que en el caso del Estado está en 617.000 millones de euros.

Según el IEE, "Cataluña debería asumir la parte que le corresponda en caso de materializarse su divorcio con España", la cual, dado que la participación del PIB catalán en el total nacional es del 18,7%, rondaría de materializarse la escisión en el corto plazo los 128.000 millones de euros.

Para tener mas claro lo que esto significaría basta decir que, en la actualidad, la deuda catalana asciende a 43.954 millones de euros, lo que supone un 22% del PIB.

Asumir su parte alícuota en la deuda estatal dispararía la deuda de Cataluña por encima de los 170.000 millones de euros, hasta suponer el 85% de su PIB.

Boicot a los productos catalanes

¿Acabarían aquí los costes de una Cataluña independiente? Pues no. Al margen de los derivados de la muy probable salida de Cataluña del mercado común europeo y de la factura por la independencia que, en opinión del IEE, se le debería pasar al nuevo país, el informe señala otros costes adicionales: deslocalización de empresas, volatilización de su sector financiero (espantado por la amenaza de ser expulsado del Eurosistema) y boicot comercial.

Los responsables del estudio están convencidos de que a la independencia le seguiría un fuerte boicot a los productos catalanes en su principal mercado: el español.

Tanto es así que calculan que la salida de Cataluña de España se traduciría en una caída de ventas de las empresas catalanes de un 20%, en los productos proporcionados a otras empresas españolas; y del 40% en las ventas a usuarios finales, un castigo que los propios autores del informe admiten que no tiene precedentes en un proceso de secesión.

El impacto, recuerdan, sería demoledor sobre la economía catalana. No hay que olvidar, dicen, que "Cataluña vende más a Murcia que a Estados Unidos, y más a Aragón que a Alemania".