Zapatero propone y el PP acepta una reforma constitucional para controlar el gasto

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha propuesto introducir una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria a través de la Constitución, tal y como plantearon hace una semana los presidentes francés y alemán para el conjunto de la zona euro.

En concreto, se pretende establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como en la deuda, que vincularía a todas las administraciones públicas.

En cualquier caso, y al necesitarse una reforma de la Carta Magna para ello, Zapatero solicitó el mayor apoyo posible de los grupos para emprender esta iniciativa parlamentaria y el PP se inmediato aceptó la oferta. Eso sí, recordó que hace un año propusieron algo similar y el PSOE "se mofó de nosotros", aseguró Mariano Rajoy.

Y más allá de eso, Zapatero también adelantó un nuevo paquete de medidas que se aprobarán el próximo viernes en el Consejo de Ministros relacionadas con el mercado laboral además de pedir a los agentes sociales que extiendan a un periodo más amplio el acuerdo de negociación colectiva.

Zapatero, en la que podría ser su última comparecencia como jefe del Ejecutivo ante la Cámara Baja, ha sido el responsable de defender el último paquete de medidas económicas de su gabinete. En este caso, el plan contempla la reducción del IVA del 8% al 4% en la compra de vivienda nueva, una serie de modificaciones en el Impuesto de Sociedades que afecta especialmente a las empresas más grandes y un programa de ahorro en el gasto farmacéutico consensuado con las autonomías.

Entre la reforma del tributo a las empresas y el gasto en los medicamentos, el Gobierno pretende conseguir 5.000 millones de euros (más o menos la mitad cada uno, de los que el ahorro farmacéutico generará unos 600 ya en 2011) y así apuntalar el objetivo de déficit para final de año, fijado en el equivalente a un 6% del Producto Interior Bruto sumando todas las administraciones. "Aunque estamos en el camino, queremos más margen", ha señalado Zapatero.

No en vano, entre todas estas medidas y la subasta del espacio radioeléctrico (que ha supuesto unos ingresos de 2.000 millones más), el Gobierno dice tener un margen equivalente al 0,5% del PIB para obtener ese 6% final.

El presidente del Gobierno justificó la toma de medidas en el último momento "por una serie de factores adicionales", entrre los que destacó los problemas económicos arrastrados por Estados Unidos y los de la propia Unión Europea.

También recordó los problemas acumulados en las bolsas del Viejo Continente y de la española, así como la volatilidad sobre la deuda soberana.

En definitiva, toda una serie de factores "externos" que le han llevado a tomar nuevas medidas, tal y como exigió Bruselas a finales de julio.

Finalmente, el decreto salió adelante con sólo siete votos en contra y con los votos a favor de PSOE y las abstenciones del resto.

La reacción de la oposición

A todo esto, el líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, recogió el guante y aseguró que el PP estaría dipuesto a "apoyar" la tramitación de la iniciativa parlamentaria para garantizar la estabilidad presupuestaria, si bien recordó al Gobierno que hace un año, cuando su grupo solicitó algo similar, el PSOE "se mofó de nosotros".

En cuanto al resto de medidas, el PP dijo que no podía apoyarlas pero ha optado por la abstención en lugar de un rechazo frontal en líneas generales. 

Eso sí, en lo que respecta al adelanto del pago del Impuesto de Sociedades, Rajoy lo tildó, "en román paladino, de pan para hoy y hambre para mañana", ya que la recaudación que se obtendría ahora se perdería dentro de dos años, "cuando a este Gobierno ya no le afectará".

También fue muy duro con la rebaja del IVA a la compra de vivienda y, ya que estaba, con la política fiscal del Gobierno socialista. En cuanto al IVA, dijo que "intentaremos introducir algún grado de cordura" y adelantó que prolongarían la medida doce meses más (aunque con limitaciones) y la recuperación de las desgravaciones en el IRPF si ganan las elecciones de noviembre.

El portavoz del tercer grupo parlamentario, Josep Antoni Duran i Lleida (CiU), también fue crítico con el Real Decreto por su improvisación y porque "sólo busca cuadrar las cuentas" y no recoge medidas de mayor calado. "¿Por qué se recurre al Real Decreto Ley desde hace meses", se preguntó el líder nacionalista para lamentar la forma de actuar del Gobierno sobre las últimas acciones económicas.