El Congreso aprueba el "bono social" y la resolución del déficit de tarifa

  • Madrid, 21 may (EFE).- El Congreso de los Diputados dio hoy luz verde al real decreto ley de medidas para el sector energético con el que se congela hasta 2012 el precio de la luz para cerca de 5 millones de hogares con dificultades económicas, el denominado "bono social", y se resuelve el problema del déficit de tarifa.

Madrid, 21 may (EFE).- El Congreso de los Diputados dio hoy luz verde al real decreto ley de medidas para el sector energético con el que se congela hasta 2012 el precio de la luz para cerca de 5 millones de hogares con dificultades económicas, el denominado "bono social", y se resuelve el problema del déficit de tarifa.

Aprobado por 181 votos a favor, 6 en contra y 147 abstenciones, el real decreto ley supondrá que la luz no se encarezca hasta 2012 para los consumidores con una potencia contratada de hasta 3 kilovatios (KW) en su primera vivienda, ni para las familias numerosas o con todos los miembros en paro, así como para quienes perciban pensiones mínimas.

Junto al "bono social", el real decreto incluye otras iniciativas como la resolución del problema del déficit de tarifa -la diferencia que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes- acumulado desde 2000.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, explicó a los diputados que dicho déficit, próximo a los 14.000 millones de euros, dificultaba las inversiones del sector eléctrico, necesarias para garantizar el suministro de energía y mantener el empleo.

Por eso, justificó la decisión del Gobierno de crear un fondo con el que el Estado avalará hasta 10.000 millones de euros del déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables-.

Sebastián insistió en aprobar el decreto ley y su convalidación por urgencia para que España gane en "competitividad, seguridad y sostenibilidad".

Asimismo, la aprobación supondrá que el Estado asuma los costes de la producción de electricidad fuera de la península, mientras que las eléctricas costearán el "bono social" y la gestión de residuos radiactivos, añadió Sebastián.

Durante la sesión parlamentaria, el diputado del PP Álvaro Nadal arremetió contra el decreto ley que "sólo sirve para resolver el déficit tarifario y de la peor manera posible", ya que, en su opinión, acabará pagándolo el consumidor con una subida de la luz "descomunal", "espectacular".

Nadal indicó que el Gobierno "tiene miedo" de esa subida y por ello ha establecido el "bono social", que, insistió, tan sólo garantiza una congelación para "determinados colectivos".

El diputado del principal partido de la oposición consideró también que el decreto ley supone una "confesión implícita" de que en las energías renovables "algo no ha ido bien", ya que se crea un registro que servirá para hacer un seguimiento de la potencia instalada, lo que "dificulta el desarrollo de nuevas instalaciones y supone un atentado contra el sector de las renovables".

En la misma línea, Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU, cuestionó la creación de ese registro de "preautorización" para instalaciones renovables, que dijo, invade competencias de las Comunidades Autónomas.

No obstante, justificó el voto favorable de CiU por la necesidad de resolver ya el déficit de tarifa, si bien lamentó la "escasa" concreción de medidas como el "bono social", que afectará a "muchísimos menos consumidores" de los que calcula el Ejecutivo.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu valoró la resolución del déficit tarifario y vio positiva la creación del "bono social", por lo que apoyó el real decreto, con la condición de que se evite la misma invasión competencial que criticó Sánchez Llibre y el diputado de ERC-IU-ICV Joan Herrera.

Este último pidió la tramitación como proyecto de ley, entre otras razones, por ser "una cesión a las eléctricas" que acabarán pagando los consumidores en el recibo de la luz.

Desde Coalición Canaria, Ana Oramas advirtió de que quedan aspectos importantes "en el alero", interrogantes para votar que sí al real decreto, que supone un "serruchazo" a la energía eólica en las Islas Canarias; mientras que Francisco Jorquera, de BNG, instó a dar prioridad a los criterios de renta para la concesión del "bono social".