El Gobierno limitará los embargos de hipotecas por parte de la banca

En Estados Unidos, cuando una persona deja de pagar su hipoteca, el banco le embarga la casa y en paz. Pero en España, la deuda va más allá de la vivienda y los particulares deben responder con todos sus bienes e ingresos. Este sistema conlleva que una persona, además de perder su hogar, también puede quedarse sin la mayoría de sus bienes, nómina incluida.

"Los bancos pueden embargarlo todo a una familia, excepto el salario mínimo interprofesional", denuncia Joan Herrera, portavoz de Iniciativa per Catalunya (ICV), que junto a Izquierda Unida lleva un año peleando para poner límites a esta situación. Sobre todo, cuando afecta a familias con poco ingresos o víctimas de la crisis y, sobre todo, del paro, que suma ya a cuatro millones de personas.

Y esta vez, parecen que van a conseguir su objetivo. El jueves de la semana pasada, la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, se reunión con los representates de IU para analizar las cerca de 140 propuestas que esta formación ha planteado incluir en el nuevo paquete de medidas contra la crisis. Cuatro días después fue el turno de ICV y, en sendos encuentros, la respuesta de Salgado fue la misma: no se llevará a cabo ninguna medida que suponga elevar el gasto público. A cambio, se comprometió impulsar nuevos límites contra los embargos de hipotecas de la banca.

En respuesta, los dos partidos de izquierdas han presentado una proposición no de ley para ampliar los criterios de inembargabilidad. En concreto, se solicita incrementar el listón más allá del salario mínimo interprofesional (SMI), que actualmente se situa en 633 euros al mes, para todas aquellas personas víctimas de la ejecución hipotecaria cuando convivan con otra personas en matrimonio, unión de pareja estable o con parentesco en primer grado.

Además, tampoco se podrán embargar los importes que excedan el SMI, pero sin superar la mitad del nuevo SMI, para cada miembro del número familiar que carezca de ingresos propios regulares, salario o pensión. Es decir, que con el salario mínimo actual, el límite de inembargabilidad se elevaría en 316,5 euros por cada persona sin ingresos, lo que sumaría un mínimo de 949,5 euros.

Rápida tramitación

Si Salgado cumple su compromiso de impulsar esta medida, que ya fue aprobada en el Debate del Estado de la Nación del pasado mes de mayo, la modificación de la legislación civil e hipotecaria que conlleva podría aplicarse en tres meses, según piden IU e ICV.

De hecho, el calendario con el que se está trabajando contempla que la ministra incluya esta propuesta en el paquete de medidas para luchar contra la crisis económica, dentro del Pacto de Zurbano. El Gobierno quiere tener listo este documento para el Consejo de Ministros de la próxima semana. De esta forma, después de Semana Santa, las coaliciones de izquierda intentarían incluir la propuesta como enmienda, para que sea efectiva a partir de verano.

El cambio, que no supondría gasto para el Estado ni incremento del déficit (los dos caballos de batalla del Ministerio de Economía) sería un auténtico balón de oxígeno para las familias afectadas por los 180.000 procedimientos de embargo que, según el Consejo General del Poder Judicial, tendrán lugar este año como consecuencia del impago de la hipoteca.

Sentencia del Supremo

Esta modificación se suma a la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra BBVA, Bankinter, Banco de Santander y Caja Madrid, que han sido condenados a modificar sus contratos hipotecarios por incluir cláusulas "abusivas" para el consumidor, según difundió la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Además, al tratarse de un fallo en firme, "se extiende a cualesquiera entidad bancaria o financiera que oferte en sus contratos alguna de las cláusulas declaradas nulas", según explicó la asociación.

Entre las prácticas condenadas por el Supremo, destaca la cláusula que otorga a los bancos "una facultad discrecional de resolución del contrato por vencimiento anticipado desproporcionada", es decir, que la Justicia ha reconocido a los hipotecas el derecho a contar con un plazo para intentar refinanciar la deuda.