El millón de empleados públicos que pueden ser despedidos tienen en su mano el éxito de la huegla

Tres días para la huelga general... y restando. Todas las informaciones sobre la convocatoria del jueves se están vinculando de forma directa a los resultados de las elecciones en Andalucía y Asturias del domingo.

Desde el PSOE a IU, pasando por los dos sindicatos convocantes, el silogismo es fácil: si el PP no ha conseguido el apoyo esperado es porque los ciudadanos han castigado las medidas económicas adoptadas y, de forma muy significativa, la reforma laboral. Y si eso ha ocurrido con los comicios, puede que la huelga haya ganado su primer round.

Sin embargo, hay algo que importa mucho más a los sindicatos a día de hoy y puede significar el éxito o el fracaso del 29-M: la participación de los empleados públicos y, entre ellos, los 700.000 trabajadores bajo condición de personal laboral y los 350.000 en otras situaciones ajenas al funcionariado que pueden ser despedidos a raíz del decreto del Ministerio de Empleo.

En total, son casi un millón los que podrían ser incluídos en despidos colectivos o expedientes de regulación (con una indemnización de 20 días y 12 anualidades de máximo) si la Administración a la que pertenecen alega razones económicas o incluso meramente organizativas.

Según el úñtimo Registro Central de Personal, España suma 2.690.099 empleados públicos a julio de 2011. De ellos, 1.653.498 son funcionarios, con lo que están protegidos de las condiciones de la reforma. El resto, no.

Y el resto son muchas personas que pueden dejar los servicios públicos bajo mínimos. A todo ello se suma que, tal y como han demostrado las dos movilizaciones celebradas hasta ahora, el seguimiento de cualquier medida adoptada por los sindicatos ha sido muy elevado, dada la fuerza de CCOO y UGT en el sector público.

Del mismo modo, los sindicatos cuentan con otro gran apoyo donde siempre han sido fuertes: la industria. Si junto a la administración se consiguen parar las grandes empresas, la imagen de la huelga puede ser más positiva que negativa.

El tercer factor que puede desnivelar la balanza de las sensaciones (porque la guerra de cifras contradictorias se da por hecho) es el seguimiento de las movilizaciones organizadas para el mismo jueves.

Con este panorama, han llegado las elecciones andaluzas y asturianas. Los dos secretarios generales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, siguieron la línea de enlazar comicios con huelga y consideran que se ha abierto una oportunidad para que el Gobierno abra una mesa de negociación con los sindicatos sobre la reforma laboral que permita corregirla profundamente.

Méndez ha afirmado que la huelga general del jueves es un exponente claro de que la sociedad no está dispuesta a aceptar de manera "apática, resignada" el camino "tan peligroso" al que nos está conduciendo el Gobierno con sus recortes, informa EP.

A estos mismos términos se sumaron los dirigentes de Izquierda Unida, con su coordinador Cayo Lara al frente. Según la formación que se ha considerado verdadera ganadora de las elecciones, los resultados han "deslegitimado" los recortes sociales y sobre todo la reforma laboral del presidente, Mariano Rajoy.

Aunque todos saben que no hay que vincular la supuesta derrota popular con el éxito de la huelga, sí se admite que los resultados han supuesto un pequeño alivio. Porque una victoria contundente del PP sí que hubiera desanimado a las bases.