El tijeretazo amenaza con aniquilar a todas las constructoras pequeñas y medianas

Después de dos años de crisis, ha llegado la estocada. Las constructoras, que primero hicieron equilibrios para superar el descalabro del sector inmobiliario y después el cierre del grifo crediticio, ven ahora con estupor el tijeretazo metido por todos los estamentos públicos, a la sazón, sus principales clientes.

Si los terremotos del pasado han conseguido llevarse por delante a gran parte del sector, incluidos gigantes como Ploder, DHO, Seop, Urazca o Begar, el maremoto actual amenaza con arrasar a todas las empresas cuyo principal, y prácticamente único, cliente sea la Administración. Un laberinto en el que se encuentran atrapadas todas las constructoras, con la excepción de las más grandes.

El motivo de esta amenaza es el recorte de 6.400 millones anunciado por el Ministerio de Fomento y la prohibición impuesta por el Gobierno a los ayuntamientos de solicitar nuevos créditos el próximo año.

El organismo dirigido por José Blanco es el principal cliente de las constructoras españolas, ya que sobre sus espaldas recae el 23% de toda la licitación de Obra Pública. La suma de todas las administraciones locales, por su parte, aporta otro 38% del negocio de construcción civil y la práctica totalidad de los contratos de servicios (limpieza urbana, por ejemplo), que constituyen la otra gran vía de negocio de estas empresas.

Dicho de otro modo, sólo estas dos medidas de ajuste han puesto en jaque más de la mitad de los ingresos de las empresas del sector. Y también del empleo, que podría verse mermado en unos 115.000 puestos de trabajo.

Para hacerse una idea del impacto que tiene el tijeretazo impuesto a Fomento se puede señalar que los 6.400 millones recortados representan el 70% de los 9.200 millones licitados por esta cartera durante todo 2009.

Por el lado de los ayuntamientos, una cifra que ayuda a hacerse una idea del alcance que tendrá el cierre de la financiación vía créditos son los 3.300 millones que deben los consistorios sólo en contratos de basuras. Una deuda que, a partir del próximo año, será todavía más difícil sufragar.

Suma y sigue, porque este corte en seco llega después de casi tres años de sufrimiento en los que a la crisis inmobiliaria y financiera se ha sumado el disparado incremento de la morosidad por parte de la Administración.

Según cifras de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, el Estado debe a estas compañías 6.500 millones, las Comunidades Autónomas, otros 4.000 millones, y los ayuntamientos, 6.000 millones más. En total, una factura de 16.500 millones.

Los números que baraja la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) son todavía más graves, ya que según sus cálculos, la deuda de las Administraciones Públicas con todo el sector de la construcción se sitúa entre 30.000 y 35.000 millones de euros, con un plazo medio para los pagos de seis meses.

Sólo pueden quedar las grandes

"Nunca hemos vivido una crisis de estas dimensiones", señala un alto ejecutivo del sector. "Las empresas que nos preparamos en los años de bonanza y salimos al exterior soportaremos la crisis gracias al mercado internacional. Pero, aquellas que no se han diversificado van a tenerlo prácticamente imposible. De hecho, después de esta crisis, apenas quedarán las seis grandes y unas pocas más", señala la misma fuentes.

ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL, las mayores constructoras de España, obtienen la mayoría de sus ingresos del mercado internacional, una diversificación que utilizarán para compensar el progresivo descalabro del mercado interior. De hecho, en petit comité, todas reconocen que el negocio en Españara, durante los próximos tiempos, será una progresiva cuesta abajo.

La segunda división del sector, encabezada por Isolux, Comsa y San José, va a tener que hacer más equilibrios, ya que su presencia exterior es menor y, por tanto, dependen más del negocio nacional.

Además, en el caso de la primera, su apuesta por las energías renovables también ha sido puesta en jaque con el cambio de primas que planea el Ministerio de Industria y que le ha llevado a tener que frenar la anunciada salida a bolsa de T-Solar.

La gallega San José también está en el punto de mira, debido a su exposión al sector inmobiliario desde que se fusionó con Parquesol y a la apuesta que llevó a cabo por el negocio eólico en su Comunidad Autónoma.

Y el resto de este atomizado sector, compuesto por cerca de 800 empresas, va a sufrir un corte en seco de su principal vía de ingresos que, previsiblemente, será prácticamente imposible de soportar si no se cuenta con una saneada cuenta de resultados. Es decir, si no se tiene dinero fresco en caja. Un lujo del que muy pocos pueden presumir en los tiempos que corren.