El presidente de Sniace dice que los vertidos continuaron para comprobar las medidas de control

Consejeros de Sniace destacan el futuro de la empresa en el sector de las energías renovables gracias a las inversiones medioambientales

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Sniace, Blas Mezquita, explicó hoy que los vertidos de la fábrica de Torrelavega al río Saja-Besaya continuaron después de la revocación de la autorización porque era necesario para comprobar la eficacia de las inversiones medioambientales puestas en marcha.

Así lo declaró hoy ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria en el juicio que se sigue contra el secretario del Consejo de Administración de Sniace, Miguel Gómez de Liaño, para quien se piden cinco años de prisión por unos vertidos de la empresa realizados sin la correspondiente autorización administrativa.

Mezquita, que compareció como testigo, recordó que tras conocerse la revocación, en junio de 2006, el Consejo decidió recurrir la medida, considerando que no era firme ni ejecutiva mientras estuviera pendiente de recursos, según trasladó a los consejeros el secretario, Gómez de Liaño.

También se acordó paralizar la actividad de la fábrica "al mínimo", si bien aun con poca actividad se seguían produciendo vertidos.

De hecho, el vertido exacto por el que se juzga a Gómez de Liaño como secretario del Consejo se produjo en diciembre de 2006, cuando el Seprona de la Guardia Civil tomó unas muestras en el Saja-Besaya en un momento en que la fábrica de Torrelavega tenía su actividad "al mínimo".

El presidente de Sniace precisó que la eliminación total de los vertidos no era posible debido a que los responsables de las inversiones contra la contaminación en las que se trabajaba en esos momentos, la planta de blanqueado y la de zinc, necesitaban que se produjeran precisamente para medir el impacto de estas infraestructuras sobre la contaminación.

También se consideró que si se hubiera paralizado la actividad totalmente, luego no hubiera sido posible reanudarla. El cierre, señaló Mezquita, hubiera sido una "barbaridad" teniendo en cuenta estas inversiones, estimadas en 40 millones de euros en esas fechas.

Eran unas infraestructuras que se estimaba que entrarían en funcionamiento en el mes de septiembre, fecha para cuando se esperaba la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) sobre la autorización de los vertidos.

Para esa época, Sniace cumpliría las condiciones de la autorización, pero se encontraron con la "sorpresa" de que la Confederación adelantó sus plazos de septiembre a junio, justo cuando "ya estábamos viendo la meta".

Mezquita no encontró una explicación "plausible" al cambio de "filosofía" de la CHN, cuyos responsables nunca pusieron objeciones a la actividad de Sniace en las conversaciones mantenidas y les animaron a continuar, según representantes de la empresa.

Este cambio de actitud lo achacó el publicista y ex dirigente socialista Jesús Manuel Zaballa, miembro del Consejo de Administración de Sniace, respondió a la "necesidad política" de la CHN de "dar alguna respuesta mediática" a las presiones de grupos ecologistas "muy fundamentalistas".

Tanto Zaballa como el ex alcalde 'popular' de Santander, Manuel Huerta, miembro asimismo del Consejo de Administración, valoraron el cambio experimentado en los últimos años por Sniace, que a través de sus inversiones medioambientales tendrá un futuro basado en el sector químico y las energías renovables y "limpias", pese a su "mala fama" y el aspecto exterior de la fábrica.

Según se expuso en el juicio, la empresa prefiere invertir en medio ambiente que en la pintura de las instalaciones o el derribo de naves en desuso, obras que tendrían costes de unos cuatro millones de euros.

"CREDIBILIDAD" DE SNIACE

El presidente de Sniace indicó que la Confederación nunca les hizo ninguna indicación sobre la paralización o el cierre de la empresa. Según Mezquita, las dudas de la CHN se centraban en la capacidad financiera de Sniace para acometer esas inversiones y que, en caso de no cumplirse, se traducirían en la revocación de la autorización.

Por tanto, para "dar credibilidad" sobre estos planes, se decidió vender el "principal activo" de la empresa, su patrimonio forestal, que los consejeros calificaron de la "joya de la corona". Se trataba de una superficie de 1.500 hectáreas de arbolado que había logrado adquirirse desde el año 1979.

Fue esta medida, junto a las previsiones de ampliación de capital, la que contribuyó a que Zaballa aceptara la propuesta de formar parte del Consejo de Administración de Sniace, desde febrero de 2006. Por su parte, Manuel Huerta, explicó que con su entrada en el Consejo quería "garantizar" que se regularizaran los asuntos medioambientales y también la actividad de la fábrica ante los "rumores" que en ese momento había sobre la construcción de un complejo urbanístico en sus terrenos.

Tras sus nombramientos, Huerta y Zaballa iniciaron una ronda de contactos con miembros del Gobierno de Cantabria y representantes sociales, políticos, institucionales y vecinales, que incluyeron contactos con la ministra de Medio Ambiente, entonces Cristina Narbona, y los responsables de la Confederación Hidrográfica del Norte, en varias ocasiones.

Huerta hizo hincapié en que pese a que las sensación de los encuentros en la CHN eran "muy positivas" y se les "animaba a continuar" con el trabajo, luego se les enviaban cartas "achuchando", con medidas como las sanciones.

Cuando se conoció la revocación, el Consejo estudió como "hipótesis extrema" según Zaballa, la posibilidad del cierre de la empresa, algo que para Mezquita hubiera sido una "barbaridad" y una "temeridad" y que a juicio de Huerta hubiera tenido consecuencias sociales similares a los problemas que tuvo la empresa en 1991, cuando estuvo a punto de cerrar.