La Confedereación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) atraviesa sus horas más bajas. En pleno reguero de escándalos de corrupción, la patronal se ha situado en el ojo de huracán por tres casos que golpen, directamente, a lo más alto de la organización.
El más polémico ha llevado al expresidente de la patronal, Gerardo Díaz-Ferrán, a la cárcel bajo fianza de 30 millones de euros, que posteriormente ha sido rebajada a 10 millones.
El que fuera uno de los hombre más poderosos del país está acusado de los presuntos delitos de alzamiento de bienes y evasión de capitales dentro de la Operación Crucero, que investiga la quiebra del grupo turístico Marsans.
Suma y sigue, porque el expresidente de la CEOE también se enfrenta a la Justicia por la posible concesión irregular de un crédito de 26,6 millones a su desaparecida aerolínea, Air Comet, por parte de Caja Madrid cuando Miguel Blesa estaba al frente a la entidad.
Todos estos procesos hacen referencia al descalabro de su imperio, una caída que se produjo cuando era presidente de la patronal de empresarios, cargo que, a pesar del escándalo, continuó ocupando durante un largo año 2010 en el que constantemente era noticia por los cierres e impagos de sus empresas.
Y es que los empresarios tardaron tiempo en retirarle su apoyo, como se escenificó en enero de 2010, cuando la aerolínea Air Comet ya había suspendido sus operaciones y los rumores sobre Marsans eran un secreto a gritos.
Fue el 20 de enero de ese año cuando, lejos de pedir su dimisión, la Junta Directiva le arropó con un caluroso aplauso mientras, fuera, los trabajadores de la aerolínea se manifestaban.
El daño que han hecho los escándalos de Díaz-Ferrán a la imagen de la patronal llevó a su sucesor, Juan Rosell, a plantear un cambio de estatutos en octubre de 2011.
Éste dio su primer gran paso el pasado diciembre de 2012, cuando la organización anunció que iba a poner "en marcha nuevos mecanismos internos que permitan una mayor diligencia de actuación ante posibles casos de responsabilidad empresarial".
Éstos harán referencia, según se filtró entonces, a la posibilidad de plantear mociones de censura al presidente en casos de corrupción o quiebra empresarial, o la limitación a dos mandatos de la presidencia.
Pero, desde el pasado diciembre otros dos escándalos han golpeado directamente a la organización.
El primero ha sido la detención de un hijo del carismático expresidente de la CEOE, José María Cuevas, en el marco de la operación Caballo de Troya, desplegada por la Policía y la Agencia Tributaria contra la empresa Teconsa y en el que también está implicado Ángel de Cabo, el empresario que adquirió en 2010 las empresas del Grupo Marsans.
Más reciente es el presunto pago con dinero negro por parte del actual vicepresidente de la CEOE y máximo responsable de la patronal madrileña, Arturo Fernández, a algunos de sus empleados, que han denunciado tales prácticas a la Cadena SER.
Desde la patronal declinan hacer ninguna valoración sobre este caso y recuerdan que se trata de acusaciones que deben ser confirmadas. Del mismo modo, desligan las presuntas actuaciones del hijo de Cuevas de la figura de su padre.
No obstante, admiten que son conscientes que "todas las presuntas irregularidades por parte de alguien que forma parte o está relacionado con una organización, afectan a ésta. Somos conscientes de ello".
De ahí que hayan acelarado el proceso de renovación de estatutos y que confíen en tenerlos listos para la Junta directiva en marzo, con el objetivo de que sean aprobados por la Asamblea en abril.
Está por ver que en ellos incluyan el debate sobre si un imputado debe cesar de sus funciones, opción que respalda gran parte de la opinión pública y que también ha abierto una reflexión en el terreno político.
Para la CEOE, este análisis cobra el doble de importancia cuando se recuerda que Arturo Fernández está imputado en el caso Bankia como la inmensa mayoría de exconsejeros de la entidad.
"Actualmente se están analizando todas las propuestas que han hecho las organizaciones", señalan desde la patronal, cuya reforma de estatutos tiene entre sus prioridades mejorar la transparencia de la organización, con gestos como la decisión de Rosell de publicar sus auditorías de cuentas, pero también dejar claro que "muchísimos empresarios tienen unas prácticas intachables".
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