Las autonomías sólo han cerrado un tercio de las empresas comprometidas

Allá por 2010, cuando las comunidades autónomas empezaron a anunciar ambiciosos planes para reducir el tamaño de su sector público empresarial, el número de entidades (empresas, entes, consorcios...) bajo responsabilidad autonómica ascendía a 2.404.

Dos años largos después, el 1 de octubre de 2012, el número de entidades vinculadas a las comunidades autónomas era de 2.175, un 9,53% menos.

Semejante ajuste del sector público autonómico no tiene parangón en la etapa democrática y sólo cabría evaluarlo de éxito...si no fuera porque la reducción de entes ha sido sensiblemente menor de lo comprometido.

Según los planes de ajuste publicitados por las comunidades autónomas, a 1 de octubre de 2012 deberían haber eliminado 686 empresas, entes o consorcios, sin embargo a esa fecha el Ministerio de Hacienda únicamente había podido certificar el cierre de 229, una tercera parte de lo comprometido.

Ésta es la reducción de entes efectiva ejecutada a 1 de octubre de 2012.

Es importante subrayarlo porque el Ministerio de Hacienda asegura que la reducción no ha sido de una tercera parte sino de un 91% de lo comprometido.

¿Por qué? Pues, básicamente, porque las comunidades autónomas le han comunicado que hay otros 248 procesos de cierres y liquidación de entidades en curso, lo que elevaría la cifra total de entidades 'condenadas' a 477.

En realidad, es preceptivo hacer esta comunicación, en principio, un año antes de que se produzca el cierre efectivo de la entidad, aunque este periodo puede diltarse meses por problemas legales o de otra naturaleza (laborales, por ejemplo).

Además, Hacienda toma como referencia las 525 entidades que las comunidades autónomas preveían reducir a 1 de enero de 2012, no las 686 que debe eliminar según lo comprometido en los planes de reequilibrio económico-financiero que deberían conducir a las comunidades autónomas a cumplir el objetivo de déficit.

Entidades en vías de desaparición

En cuanto a esas 248 sociedades en proceso de extinción a 1 de octubre, Hacienda ha informado de que después de esa fecha se habían cerrado ya 91, otras 59 se encuentran en proceso de disolución o liquidación y las 98 restantes han cesado ya su actividad.

Este proceso de cierre de 525 entidades ahorrará, según los datos del ministerio, unos 1.500 millones de euros: 414, 8 en 2011; 669 millones en 2012 y 421,5 millones en 2013, con una reducción de personal de 5.863 personas, un coste de 130 millones de euros anuales.

En el informe presentado por Hacienda sobre la reducción del sector público autonómico se añade que estas entidades que van a desaparecer emplean en total a 25.580 personas y gestionan 6.810 millones.

Hacienda y comunidades se comprometieron en 2010 a elaborar un plan para racionalizar el gasto público; el año pasado, ante la profundidad de la crisis, se comprometieron a acelerar el proceso de cierre de empresas públicas y concluirlo el 31 de diciembre del año pasado.