Greenpeace Cataluña ve "un paso atrás" la sanción a Ascó I porque sale "más barato" vulnerar la ley

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La delegada de Greenpeace en Cataluña, Anna Rosa Martínez, consideró hoy "muy lamentable y un paso atrás" la sanción a la central nuclear de Ascó I (Tarragona), porque el mensaje que les llega es que "sale más barato vulnerar la legislación que cumplirla".

En rueda de prensa en la sede de ICV, se refirió a la sanción de 15,4 millones de euros que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio impuso ayer a la empresa titular de la central, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), por cuatro infracciones graves en relación con la liberación de partículas radiactivas notificada en abril de 2008.

Para Martínez, la multa no es "histórica", porque el cambio en el régimen sancionador del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) permite que la sanción alcance los 30 millones de euros.

Además, afirmó que a Ascó I no le supone ningún agravio económico la cifra de 15,4 millones de euros, porque en el periodo en el que tuvieron lugar las fugas radiactivas --entre noviembre de 2007 y enero de 2008--, "la nuclear facturó 600.000 euros cada día".

Recordó también que fue Greenpeace quien dio a conocer esta fuga, y lamentó que el CSN no haya informado de la cantidad total de radiactividad que liberó la central en ese periodo.

Además, Martínez constató la existencia y la presión que ejerce el "lobby nuclear" para intentar alargar al máximo la vida de las centrales con "campañas basadas en muchas falsedades y mentiras".

"El parque nuclear está envejecido y su gestión sufre graves problemas de erosión de la cultura de la seguridad", señaló la responsable de Greenpeace en Cataluña, que recordó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a abandonar la energía nuclear y a apostar por las energías renovables.

Desde Ecologistas en Acción, Manuel Adelantado, abogó por el cierre de la nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, que es la más antigua del parque nuclear español, y la primera sobre la que el Gobierno debe pronunciarse sobre si amplía su vida útil.

En su opinión, su cierre sentaría un precedente de las políticas del Gobierno desde ahora hasta el 2015, cuando caduca todo el parque nuclear.

Afirmó también que la situación es "urgente" porque hay una saturación de almacenamiento de residuos nucleares en España, y que este es un problema que no está resuelto "en ninguna parte del mundo".