La negociación se tensa por vincular las pensiones con el futuro nuclear

Las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para buscar un pacto global más allá de las pensiones se tensaron ayer al vincular un posible acuerdo global con el futuro de las centrales nucleares, una opción que el Ejecutivo contempla pero que los sindicatos rechazan.

Los sindicatos niegan además haber cedido en la pretensión del Ejecutivo de elevar la edad de jubilación a los 67 años, a pesar de que fuentes gubernamentales aseguraban esta tarde que ya no supone un escollo en la negociación.

Fuentes del Ejecutivo aseguraron que el Gobierno está dispuesto a prorrogar la vida útil de las nucleares, incluida Garoña, a cambio del citado pacto global.

La idea, según aseguraron CCOO y UGT, no tiene el más mínimo fundamento, e incluso señalaron que cuando se ha hablado de ampliar las negociaciones a cuestiones como la industria o la energía no se ha entrado en detalle "y mucho menos" sobre el futuro de las centrales nucleares.

"Si dijimos que no estamos dispuestos a cambiar cromos" en la negociación de las pensiones, en alusión a la posibilidad de un acuerdo a cambio de poner más requisitos al despido colectivo por pérdidas económicas que incluye la reforma laboral, "mucho menos lo estamos en esta ocasión", señaló Fernando Lezcano, portavoz de CCOO.

Lezcano insistió en que la negociación de las pensiones tiene entidad por sí misma y para los sindicatos "no es objeto de cambalaches", una afirmación que suscribe UGT según fuentes de este sindicato.

Además, ambas organizaciones negaron, como se apuntó desde el Gobierno, que hayan cedido en la cuestión del retraso de la jubilación a los 67 años, contra la que precisamente hoy han convocado concentraciones en las sedes de la Seguridad Social de toda España.

Sin embargo, las fuentes gubernamentales apuntaron que en las negociaciones de hoy las partes también están tratando los requisitos que deberían cumplir los trabajadores para jubilarse con la pensión a los 65 años; el Gobierno ha propuesto 41 años cotizados y los sindicatos piden rebajar esa cifra.

Mientras la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, admitía por la mañana que las posiciones entre Gobierno, patronal y sindicatos para alcanzar un acuerdo global son todavía distantes, las fuentes del Gobierno consultadas esta tarde se mostraban más optimistas al respecto.

Al margen del cruce de declaraciones entre Gobierno y sindicatos, desde la CEOE su presidente, Juan Rosell, aseguró que los empresarios están dispuestos a olvidar "algunas cosas" y a hacer "lo que haga falta", incluso si les supone "quemarse", porque la patronal no puede ahora defender "un programa de máximos".

Recordó que la situación que vive España es lo suficientemente "crítica y delicada" como para que todas las partes implicadas en la negociación olviden el pasado y piensen en el futuro he hizo un llamamiento porque "todos se tienen que mover".

En el mismo tono se expresó el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera, elegido por el PSOE para negociar en las Cortes la reforma de las pensiones, quien confió en conseguir un "gran consenso" que incluya al PP, aunque advirtió de que los cambios seguirán adelante de todas maneras.

Caldera iniciará su ronda de contactos después de que el Gobierno apruebe el día 28 el anteproyecto de Ley de reforma del sistema público de pensiones.

Así lo avanzó el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, quien dijo que Caldera reúne "el perfil idóneo" para encargarse de la negociación en esa nueva fase legislativa.

El PP, por medio de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que Caldera, por el momento, no se ha puesto en contacto con nadie de su partido para comenzar las negociaciones.

La portavoz popular no profundizó más, si bien pidió que sea el presidente del Gobierno el que explique este cambio de interlocutores en su partido. "Yo hace mucho que renuncié a entender las decisiones del PSOE", apostilló.

Mientras, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, anunció que el grupo ERC-IU-ICV está preparando un voto particular contra el informe de recomendaciones que supone la "amputación" del sistema de pensiones.