Sebastián afirma que el "déficit tarifario es un problema de Estado "irracional e insostenible"

Asegura que la norma garantizará que España sigua siendo una "potencia mundial" en energías renovables

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró hoy que el déficit tarifario, cifrado en más de 14.000 millones de euros, supone un problema de Estado "irracional e insostenible" que pone en peligro el suministro energético, lo que justifica el carácter "extraordinario y urgente" del Decreto Ley que avala su solución y el lanzamiento del bono social.

Durante el debate de convalidación de esta norma en el Pleno del Congreso, Sebastián aseguró que se garantiza la sostenibilidad y competitividad del sector, reconociendo de "manera equilibrada" cuestiones reclamadas por las eléctricas, al tiempo que las "compromete" con la minoración de determinados costes de la tarifa y la puesta en marcha de las inversiones necesarias.

"Es responsabilidad del Gobierno garantizar que la restricción del crédito no perjudique las inversiones del sector energético en el medio y largo plazo", señaló el ministro, quien recordó que la entrada en vigor a partir del 1 de julio de la Tarifa de Último Recurso (TUR) hacía necesario acelerar la solución a estas cuestiones para "proteger a los consumidores".

Según Sebastián, el déficit ponía en riesgo incluso el 'rating' de las compañías eléctricas y repercutía muy negativamente en las más de diez mil pymes proveedoras de las grandes compañías. En este sentido, defendió que las medidas anteriores para la solución del déficit eran "insuficientes" en la coyuntura actual de los mercados financieros.

El texto del decreto estima que las medidas aprobadas "deben permitir reactivar y relanzar las inversiones en el sector energético", ya que solucionará "no sólo la situación financiera de las empresas del sector eléctrico, sino la sostenibilidad misma del sistema".

UNA COMISIÓN INTERMINISTERIAL GESTIONARÁ LA TITULIZACIÓN.

El decreto fija el 1 de enero de 2013 como la fecha en la que se satisfará la totalidad de los costes regulados y se dejará de generar déficit 'ex ante'. Hasta ese momento, el déficit no podrá superar los 3.500 millones en 2009, los 3.000 millones en 2010, los 2.000 millones en 2011 ni los 1.000 millones en 2012.

La financiación del déficit se realizará a través de un nuevo Fondo de Titulización, que se creará con informe previo del Ministerio de Economía y que asumirá derechos de cobro de hasta 10.000 millones de la deuda anterior a 2009. Su gestor se decidirá a través de una Comisión Interministerial. Además, durante este ejercicio aportará avales por otros 10.000 millones como máximo.

El decreto aprovecha para reformular el peso proporcional de las empresas que se encargan de financiar el déficit. Gas Natural y E.ON entran en la lista, de la que sale Elcogás, con lo que la distribución queda de la siguiente forma: Endesa (44,16%), Iberdrola (35,01%), Unión Fenosa (12,84%), Hidroeléctrica del Cantábrico (6,08%), E.ON (1%) y Gas Natural (0,91%).

BONO SOCIAL

El Gobierno tiene previsto fijar "un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar" para delimitar los consumidores con derecho a percibir el nuevo bono social eléctrico, cuya financiación correrá a cargo de una docena de compañías eléctricas y se revisará al menos cada cuatro años.

El bono social cubrirá la diferencia entre el valor de la TUR y un valor de referencia que se llamará "tarifa reducida". La financiación será "compartida" por doce empresas, pero la mayor carga corresponderá a Endesa (36,7%), Iberdrola (34,9%), Unión Fenosa (10%), Gas Natural (3,5%) e Hidroeléctrica del Cantábrico (3,5%).

GENERACIÓN INSULAR Y RESIDUOS NUCLEARES

A cambio, el Gobierno, aparte de avalar la deuda, trasladará de forma "escalonada" los costes de generación insular y extrapeninsular, cifrados en 1.300 millones de euros anuales, que pasarán a cargo de los Presupuestos del Estado hasta 2012.

Sebastián explicó que serán las compañías eléctricas quienes deberán asumir el coste de gestión de los residuos nucleares y de combustibles, que representan alrededor de 2.700 millones de euros. La entidad pública Enresa será la encargada de vigilar que todas las actividades se realicen en condiciones adecuadas de seguridad.

La norma no alude a subidas tarifarias, pero recuerda que la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR), en vigor a partir del próximo mes de julio, garantizará la "aditividad", y justifica el bono social a partir de la necesidad de permitir "la suavidad del cambio" y proteger "la seguridad jurídica y confianza legítima de los consumidores más desprotegidos".

APOYO A LAS RENOVABLES

También ha derogado el decreto que detraía de la retribución a las eléctricas los mayores ingresos procedentes de la asignación gratuita de derechos de emisión de CO2. Asimismo la norma crea un registro de preasignación para las renovables, para hacer un seguimiento de la potencia instalada por cada una por el coste de energía renovable, con el objetivo de alcanzar "de forma ordenada" los objetivos fijados para UE hasta 2020.

"España es una potencia mundial en energías renovables y lo va a seguir siendo", incidió Sebastián, quien añadió que se exporta más energía renovable que vino, y sólo el sector eólico supone 11.000 millones de euros.

Además, la norma modifica la Ley de Hidrocaburos, señalando a Enagás como el transportista único de una parte del gas, lo que permitirá a esta entidad "ver reducidos sus costes de capital". Asimismo, Sebastián afirmó que una red de gas "bien mallada" es la "mejor garantía" para el abastecimiento.