A través de un comunicado de prensa, la FNE informó que presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, acusando a las cadenas de supermercados Cencosud, SMU y Walmart, -que controlan el 92,5% del mercado- "por haber mantenido, a través de sus proveedores, un acuerdo para fijar precios mínimos de venta de la carne de pollo fresca al menos entre 2008 y 2011".
Según la FNE por medio de este acuerdo "los supermercados estaban impedidos de vender carne de pollo fresca por debajo del precio de lista mayorista más IVA".
En su denuncia, la FNE solicitó que se aplique a cada una de ellas las multas máximas que contempla la ley, equivalente a unos 22,9 millones de dólares.
"Esperamos que este requerimiento concluya no sólo con la aplicación de las sanciones que corresponda, sino que también provea pautas de conducta a todos los actores de esta industria", señaló el fiscal nacional económico en funciones, Mario Ybar.
El mecanismo quedó al descubierto en el marco de otra investigación por la colusión entre productoras de carne de pollo, condenas recientemente por la Corte Suprema a pagar una multa de 60 millones de dólares.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, consideró que la situación "es indignante" ya que el pollo "es un producto básico para los chilenos, quizás la fuente más importante de proteínas".
"No podemos hacer de esto una práctica común", agregó el funcionario.
Cencosud, con presencia también en Argentina, Brasil, Perú y Colombia, opera en Chile las marcas Jumbo y Santa Isabel, mientras que SMU -presente en Perú- maneja en el mercado local las marcas Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer.
En tanto, la filial en Chile de la estadounidense Walmart -la cadena de supermercados y de retail más grande del mundo- opera en el país los Hipermercados Lider, Lider Express, SuperBodega aCuenta y Ekono.
El caso volvió a remecer al mercado local, impactado recientemente por una denuncia de colusión en el mercado del papel higiénico que involucra a los mayores productores del país: las empresas CMPC Tissue y SCA Chile, quienes controlan el 90% del mercado.
La FME acusó ambas compañías de "sostener durante más de 10 años un cartel de reparto de mercado y fijación de precios en el negocio de productos de papel", que genera ventas anuales por unos 400 millones de dólares.
La denuncia fue considerada por las autoridades como uno de los mayores casos de colusión detectados en el país.
El caso del papel higiénico dejó en entredicho al hasta hace poco alabado mercado chileno, considerado un modelo de libre mercado, sacudido también antes por otros sonados episodios de colusión en las farmacias y en la producción de pollos.
"El mercado chileno está absolutamente coludido, controlado por oligopolios y actuando al más puro estilo siciliano", reprochó este miércoles el abogado Hernán Calderón, de la Corporación de Defensa de los Consumidores (Conadecus).
Una escasa regulación y bajas sanciones asociadas al delito de colusión, para el que hoy la justicia no contempla la pena de la cárcel, han confluido para alentar el desarrollo de estas malas prácticas empresariales.
Un escenario que se busca cambiar dándole prioridad en el Congreso a un proyecto de ley que "garantiza la ley de competencia real y sanciona duramente la colusión", que pasaría de ser una simple infracción a tipificarse como delito con penas de cárcel, comentó el senador oficialista Jorge Pizarro a CNN Chile.
Además, el proyecto de ley busca que las multas aplicadas a las empresas sean mucho más elevadas que las actuales.
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